Personal de la Guardia de Auxilio demolía este miércoles las construcciones precarias del edificio donde funcionaba el Patronato de la Infancia (ex Padelai), desalojado luego de registrarse serios incidentes entre los efectivos policiales y los ocupantes del inmueble. En las comisarías de la zona no quedaban detenidos por los disturbios y en sólo resta solucionar la situación de unas 8 o 9 familias, ya sea mediante un subsidio o un crédito del Gobierno de la Ciudad.
La policía dijo que recibió órdenes del jefe del operativo, el subsecretario de Seguridad, Enrique Carelli, en la represión para el desalojo del predio, mientras que la responsable de brindar soluciones a los habitantes del ex Padelai es la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass, quien hasta este mediodía se encontraba en el lugar supervisando la demolición y atendiendo a las personas que aún no habían resuelto su problema de vivienda.
Según la funcionaria porteña "hubo un alto nivel de politización en el predio y, además un análisis absolutamente subjetivo de un estudio de abogados le garantizó a los ocupantes que ellos estaban en condiciones de parar la desocupación y que, además, les garantizaban que podían tener un derecho de propiedad sobre el predio. El conjunto de todas estas situaciones hicieron que fuera imposible llegar a un acuerdo o un arreglo pacífico con los ocupantes".
"Durante toda la mañana del martes hasta que se tomó la decisión de la intervención policial, hicimos dos asambleas adentro mismo del predio con los ocupantes, hasta flexibilizamos algunas condiciones ya sobre los márgenes de lo que permite la operatoria. En fin, la posición fue irreductible. Hubo uso de la fuerza pública, una situación que generó, por supuesto, dolor, angustia, amargura", afirmó González Gass.
La ex diputada porteña aseguró que "fue muy duro para nosotros porque intentamos que la recuperación tuviera otras características. La policía sostiene que hubo resistencia a la autoridad, y que llevó adelante el operativo como está obligada a proceder para estos casos. Si juzgamos por los resultados –tres personas, incluido un subcomisario, que sufrieron heridas cortantes pero que fueron superficiales; y que no hubo ningún herido de gravedad ni hubo que lamentar ninguna otra situación-, el costo no fue alto".
Sin embargo el Partido Obrero (PO) adhirió a la convocatoria que las organizaciones piqueteras han realizado para este miércoles 26, a las 17, desde el Obelisco hasta la jefatura de Gobierno de la Ciudad, para repudiar la represión y el desalojo de los vecinos del ex Padelai.
El PO denunció que durante la represión, fue brutalmente golpeado y luego detenido el secretario parlamentario del bloque del partido de la Legislatura porteña, Marcelo Ramal, cuando se encontraba realizando tratativas con las autoridades del Ejecutivo de la Ciudad, para evitar el desalojo violento.
También responzabiliza al gobierno de Ibarra por la represión, "un gobierno agente de los intereses de los pulpos inmobiliarios que quieren expulsar a los trabajadores de la Ciudad. Saludamos la movilización popular que logró retrotraer el desalojo a través de un fallo judicial y exigimos su inmediato cumplimiento".
En el mismo sentido la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de la Capital Federal manifiestó su enérgico repudio a "la represión ejercida por la Guardia de Infantería, con gases lacrimógenos, balas de goma y palos, para desalojar a las 70 familias que habitaban el edificio del ex Padelai en el
barrio de San Telmo".
Asimismo, la CTA Capital responsabiliza a Ibarra, y a sus
funcionarios políticos por la violencia ejercida a través de las fuerzas de seguridad y por los métodos represivos utilizados en el desalojo. "Las consecuencias de esta represión son un muestra incontrastable de cómo se aplican las políticas represivas sobre los sectores populares", aseguró Fabio Basteiro, secretario general de la CTA Capital.
Por su parte los socialistas también hicieron saber su malestar por los incidentes ocurridos este martes. En tal sentido, el candidato socialista a jefe de Gobierno, Norberto La Porta señaló que "cuando en la Ciudad de Buenos Aires la pobreza y la exclusión social se hacen moneda corriente, muchos funcionarios de la administración ibarrista, incluido el propio jefe de Gobierno, evidencian una gran incapacidad para buscar soluciones frente al problema habitacional que se agudiza cotidianamente".
El diputado de la Ciudad Roy Cortina , presidente del Bloque Socialista de la Legislatura Porteña, expresó que "la estrategia que el Gobierno de la Ciudad desarrolló en relación a los vecinos del ex Padelai se orientó desde un principio hacia la violencia, la agresión y la intimidación permanente. Rechazamos como metodología de gobierno, el abuso de autoridad, la represión y la violación de derechos fundamentales".
El candidato a jefe de Gobierno porteño, Gustavo Beliz, afirmó que la crítica situación en que se encuentran las familias habitantes del ex Padelai "es una muestra muy fuerte del nivel de ineficacia del Gobierno de la Ciudad para solucionar los problemas de vivienda, pero también un problema de larga data, de profunda corrupción e ineficiencia que excede un color político y que arrancó con Carlos Grosso".
Según Beliz "el Gobierno de Ibarra miente respecto del Padelai porque no todos los que viven allí son intrusos. La Cooperativa de Vivienda San Telmo a partir de la escritura concedida por Grosso es dueña en un 70% del predio. El riesgo de derrumbe no empezó hace un par de meses. Hace más de dos años que está en emergencia edilicia y casi una década en situación de degradación ambiental y social de alta gravedad. Y los créditos eran la salida al problema. El trato no podía ser igual para las familias que tenían el título de propiedad, para los ocupantes históricos y para los que intrusaron el lugar en los últimos meses".
Para el titular de Nueva Dirigencia "el ex Padelai debe desocuparse porque es edilicia y ambientalmente irrecuperable como ámbito de vivienda, pero puede y debe hacerse de un modo pacífico, a partir de un acuerdo con la cooperativa que reconozca los derechos de propiedad que el Gobierno alguna vez le reconoció a las familias ocupantes. Con una figura distinta del crédito para ellos. Las familias que no estaban en el grupo histórico deben ser atendidas bajo los mecanismos generales de vivienda transitoria de la Ciudad".
