La licitación para manejar el Mobiliario Urbano, uno de los contratos que más dinero mueve dentro del Gobierno porteño, quedó frenada a raíz de un amparo presentado por la empresa Spinazzola, que denunció irregularidades en el proceso, y que el juez Andrés Roberto Gallardo concedió. Ante esta medida, el Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, presentó un pedido de revocatoria y/o apelación e informó a NOTICIAS URBANAS que tal acción se presentó porque "la resolución carece de de fundamentos serios y sólidos, y los únicos fundamentos que presenta el juez son las transcripciones del pedido de la empresa, y que ya fueron rechazados por inconsistentes la semana pasada por nuestro Gobierno".
Frente a esta situación, la representante legal de la empresa Spinazzola, Graciela Oriz, solicitó que "hasta tanto no exista un fallo definitivo, no se avance con un proceso licitatorio que está plagado de irregularidades".
"Tanto el procurador como el gobierno de la ciudad han sido notificados del fallo, por lo tanto si desconocen la orden de la Justicia y avanzan con la apertura del segundo sobre de la licitación, estarán en situación de desobediencia procesal", remarcó la abogada.
Oriz, también acusó al Gobierno de la Ciudad de "incurrir en una desobediencia judicial permanente durante el trámite de la apelación" y advirtió que "no hay antecedentes de un proceso de licitación tan plagado de irregularidades".
Finalmente, la letrada desconoció que se haya presentado efectivamente el pedido de revocatoria al señalar que "la compañía aún no fue notificada de la resolución".
