Tras varias reuniones entre los jefes de bloque, y entre los legisladores y los damnificados por el derrumbe del edificio de la calle Bartolomé Mitre al 1200, tal como anticipó Noticias Urbanas, los representantes de la Ciudad han unificado la solución que se les ofrecerá a las personas víctimas del derrumbe.
El proyecto final consensuado por todos los bloques legislativos y aprobado por los 57 diputados presentes, establece que la expropiación recaerá sobre el terreno (legalmente queda especificado "inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1232" ya que todavía existe edificación) creando un Fondo Especial por un monto de 20.5 millones de pesos que se dividirá entre todos los damnificados.
El Banco Ciudad, por su parte, encargado de tasar el valor del metro cuadrado del terreno en 1.750 dólares, será también la entidad que abone la diferencia entre lo que reciban de la expropiación y el valor de mercado de la propiedad que tenían.
Respecto del subsidio, escuchando todas las propuestas, se decidió unificar la solución en una indemnización diferenciada. Aquellos vecinos que todavía puedan retirar pertenencias de sus propiedades recibirán en efectivo 50 mil pesos, en tanto, aquellos que ya no hayan podido acceder a sus pertenencias recibirán 70 mil. Los inquilinos, en tanto, recibirán los 50 mil pesos más el monto que abonaban al momento del derrumbe, multiplicado por 6 meses. Y el mismo monto recibirá el encargado del edificio.
Según se expresa en el texto aprobado, además, la Escribanía de la Ciudad de Buenos Aires se encargará de resolver los trámites que surjan de las nuevas escrituraciones y, además, se establece que los vecinos no podrán demandar civilmente al Estado (excepto por daños psicológicos o morales) y que el Estado se subroga "los derechos que surjan de las acciones por daños y perjuicios que correspondieren a los beneficiarios de la presente ley".
Por último, también se explicó hoy en los pasillos legislativos que será Guadalupe Tagliaferri, titular de Atención Ciudadana, y próximamente segunda del ministerio de Desarrollo Social, quien se ocupe personalmente de las indemnizaciones y la Escribanía Pública de la Ciudad, la entidad que se haga cargo de los papeles de los trámites.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Álvaro González, destacó "la actitud de los vecinos, al concurrir a la Legislatura, y la voluntad de todos los bloques políticos de la legislatura".
"Lo importante no era triunfar con una solución de tipo legal, sino arribar a una solución de fondo. Que los que hoy tienen la angustia de no tener su vivienda, a partir de la presente podrán volver a tener algo que es propio. En este despacho está contemplado no sólo el valor del metro cuadrado en la zona, sino que hay subsidios para paliar la situación que están atravesando", agregó.
Y subrayó: "Este es un despacho muy trabajado, muy estudiado y muy consensuado".
Aunque se había acordado no debatir el proyecto y votarlo rápidamente, varios fueron los legisladores que se pronunciaron. Julio Raffo, María América González y Marcelo Parrilli (Proyecto Sur); María José Lubertino y Juan Cabandié (Frente para la Victoria); Cristian Ritondo (PRO); y, Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) tuvieron un entredicho cruzado por la necesidad de leyes que previeran este tipo de situaciones y, se detuvieron en los alcances de la renuncia de derechos a la que se someten los damnificados, logrando así modificar el artículo que finalmente permite iniciar acciones por daños psicológicos.
El vicepresidente segundo de la casa, en tanto, se mostró en desacuerdo por la valuación en moneda extranjera, posición que recibió el reproche del resto de los legisladores.
