La Ley 1.181 nació cuestionada y continúa siéndolo. Fue sancionada el 13 de noviembre de 2003 y, aunque recibió 44 votos a favor y sólo siete en contra, generó resistencia en algunos sectores. La iniciativa sufrió varias modificaciones, principalmente sugeridas por Santiago de Estrada, María Cristina Nieto Suanno y Elena Mitjans. El principal cambio estuvo dado por la disminución del monto de los aportes obligatorios.
Algunos de los diputados que en esa oportunidad se opusieron al proyecto fueron Jorge Enríquez, el macrista Oscar Moscariello, el bullrichista Enrique Caeiro, el ucedeísta Julio Crespo Campos y el piquetero socialista Abel Latendorf.
El principal cuestionamiento que recibió la creación de CASSABA es que era inconstitucional. Según aseguraron legisladores y algunos sectores de letrados "hay un vallado constitucional porque la Carta Magna Nacional prohíbe la creación de nuevas cajas, ya que dice que las provincias y la Ciudad conservan los organismos de seguridad social para los profesionales y conservarlos no significa crear".
La ley finalmente vio la luz aunque luego de tres años de su sanción, el tema vuelve a inquietar a la Legislatura. Los diputados Juan Manuel Velasco y Alejandro Rabinovich (ARI) presentaron un proyecto que modifica la norma para que los aportes jubilatorios a CASSABA sean optativos.
En los fundamentos de la propuesta, Velasco y Rabinovich afirman que "no apunta a atacar a CASSABA como institución sino a permitir que los beneficios que esta entidad brinda, puedan ser percibidos por aquellos profesionales que así lo elijan y que voluntariamente opten por el régimen de la Ley 1.181; mientras que aquellos que decidan optar por otro régimen, tengan la oportunidad de hacerlo".
Asimismo, sostienen: "Compartimos con muchísimos abogados consultados en que CASSABA beneficia un sector de la comunidad por sobre el interés general de los supuestos beneficiarios, y que además este régimen provoca el encarecimiento de la justicia, por los costos que generan los efectos judiciables que ésta abarca"
En tanto, el diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) presentó un proyecto para derogar la Ley 1.181. Enríquez aseguró que "la norma fue sancionada por la Legislatura a raíz de la presentación de un anteproyecto elaborado por el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido entonces por el doctor Hugo Germano (actual Presidente de la Caja). Desde el inicio, la iniciativa resultó polémica entre aquellos a los que en apariencia procuraba beneficiar. Fue el producto de una cierta visión profesional e ideológica que logró imponer su criterio en virtud de una mayoría circunstancial, pero no el reflejo de un generalizado consenso en la profesión".
El diputado agregó que "a aquellos problemas de origen se sumó luego una desafortunada reglamentación dictada por la Asamblea de CASSABA, que generó en muchos casos aportes sin contraprestación, creando verdaderos impuestos al ejercicio profesional".
Para Enríquez, "ese extendido clima de malestar se reflejó nítidamente en las últimas elecciones de renovación de autoridades del Colegio Público de Abogados. Pese a que, en lo formal, CASSABA no estaba en juego, en los hechos fue el eje de las elecciones. Tanto fue así que triunfó una lista nueva, prácticamente desconocida, cuyo único lema de campaña era un ataque frontal a CASSABA, por estimar que su creación había sido inconstitucional".
Aunque la suerte de los proyectos va a estar atada a los consensos que puedan encontrarse en la Legislatura, la opinión de los actores involucrados va a ser muy importante en el trayecto de la iniciativa hasta el recinto.
Jorge Rizzo, quien asumirá como presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad el próximo 30 de mayo a las 18:30, aseguró que no está de acuerdo con la propuesta de Velasco y Rabinovich "porque no se puede modificar una norma que es inconstitucional". Para el abogado, la creación de la Caja tendría que haber partido del Congreso Nacional y, por ende, la Ley 1.181 debe ser derogada como plantea Enríquez. Sin ir más lejos, la propaganda de su lista era: "Gente de Derecho o CASSABA". Y más de 4.000 abogados optaron por Gente de Derecho.
En tanto, Germano explicó que "es un despropósito querer modificar una ley que tiene tres años de vida" y aclaró que "no es ninguna falta de ética" que esté al frente de la Caja. "Yo impulsé su creación y tenía casi la obligación de ponerla en marcha. Igualmente hubo una elección democrática y mis colegas decidieron que yo ocupe este lugar", expresó.
Con respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 1.181, el titular de CASSABA dijo que "es una discusión que ya se dio en la Legislatura y que ya está totalmente zanjada. Los juristas más notorios se han expresado en contra de este supuesto".
