Este martes la plana mayor del Consejo de la Magistratura porteño informó a la Legislatura porteña sobre las medidas tomadas desde su asunción para poner en orden a un organismo que, durante la gestión anterior, recibió durísimos cuestionamientos. Basta mencionar que sus anteriores autoridades se encuentran imputadas en una causa penal por presunta administración fraudulenta y que los concursos realizados para cubrir los cargos en el futuro Fuero Contravencional y de Faltas recibieron numerosas impugnaciones a raíz de supuestas trampas realizadas en los mismos. Además de las autoridades del Consejo participaron del cónclave -realizado en la antesala del Salón Montevideo del Parlamento porteño- los diputados Marta Oyhanarte, Alicia Pierini, Roque Bellomo, Jorge Casabé, Jorge Enríquez, Fernando Caeiro, Marta Talotti y Lucio Ponsa Gandulfo. También la directora de la Junta de Ética, Alejandra Giménez.
"El edificio de Yrigoyen, en el estado que está, no nos sirve ni para poner una mesa de entradas", dijo Bettina Castorino, presidenta del mencionado órgano judicial porteño. De esta manera describió el estado del inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen 932, que los anteriores consejeros compraron a fines de 1999 para que fuera la sede de los nuevos juzgados contravencionales y de faltas aún no creados. Por éste pagaron 1.550.000 de dólares más IVA más el 3 por ciento de comisión y la adquisición, que fue realizada en forma directa, bajo argumento de "urgencia". También, en el 2000 fue comprado otro edificio con el mismo objetivo y con el mismo método. Él inmueble se ubica en Tacuarí 138 y costó 2.250.000 dólares más IVA más el 3 por ciento de comisión. Según informaron los miembros del actual Consejo, la obra de acondicionamiento de este segundo edificio marcha sobre rieles y estaría listo para su funcionamiento en septiembre de este año.
Las autoridades del Consejo volvieron a remarcar que continuarán con las investigaciones internas, que como primeros resultados arrojaron la suspensión preventiva sin goce de sueldo de los funcionarios judiciales Norberto Urfeig, Elena Nancy Álvarez y José Francisco García Mira, sospechados de cometer gruesas irregularidades que van desde la presunta realización de informes inmobiliarios "falsamente atribuidos al Banco Nación" a la "omisión de formar expedientes" para la compra de los edificios; el pago de comisiones a agentes inmobiliarios que no eran tales y la falta de convocatoria a los tasadores del Banco Ciudad, tal como lo establecen las normas de compras del Estado. "Para realizar cada sumario se coloca un secretario ad hoc que sea ajeno a la planta anterior", explicaron los nuevos consejeros. También destacaron las complicaciones que sufren por culpa del desastre administrativo que heredaron.
Durante la reunión, Castorino y el resto de los consejeros aseguraron que colaborarán con la presentación de todas las pruebas en su poder en la causa penal que desde casi un año "duerme" en el juzgado de Ricardo Warley, pero sostuvieron que no se presentarán como querellantes. Por otra parte consideraron "muy difícil" que las impugnaciones a los concursos puedan prosperar debido a algunas cuestiones legales que tienen que ser analizadas "con prudencia", aunque demostraron tener la íntima convicción de que en varias de las compulsas hubo irregularidades.
El estado del edificio de Hipólito Yrigoyen 932 constituye a su vez un problema grave, debido a que en la Legislatura ya ingresaron los pliegos para los nombramientos de 38 nuevos jueces, 24 fiscales, 16 defensores y 12 camaristas del Fuero Contravencional y de Faltas. Según el consejero Abel Fleitas Ortiz de Rozas, este año, cuando estén terminadas las obras en el inmueble de Tacuarí 138, se podrá contar con espacio sólo para albergar al 65 por ciento de los cargos. Su cálculo señala que sólo 24 jueces, 15 fiscales, 10 defensores y 6 camaristas podrán entrar en funciones. Éste no es un tema menor, si se tiene en cuenta que, una vez realizados los nombramientos, los beneficiarios podrían reclamar por sus derechos adquiridos.
Por ese motivo se habló de modificar por ley la cantidad de autoridades judiciales del Fuero Contravencional y de Faltas, algo que el legislador Ponsa Gandulfo criticó porque, a su entender, dicha disminución consolidaría la existencia de la Unidad Administrativa de Controladores de Faltas, un sistema sustitutivo creado por el Poder Ejecutivo que nada tiene que ver con lo que establece la Constitución porteña.
Asimismo, los consejeros informaron que terminaron con el cuestionado Fondo de Inversión Permanente, creado por la administración anterior y que llegó a ser de 14.500.000 pesos. Según había denunciado la diputada Pierini en la mencionada causa penal, estos fondos se correspondían con retenciones que, ilegalmente, fueron realizadas en los ejercicios 1999, 2000 y 2001.
"La pelea ahora es para obtener de la Secretaría de Hacienda una mayor partida presupuestaria, si no las obras no podrán continuar", sostuvo Castorino. El acuerdo propuesto a dicha área es que, a partir de la devolución de los fondos retenidos -que durante años figuraron en el presupuesto como plata gastada- parte del dinero le sea reasignado al Consejo como una nueva partida para inversión en obras.
Tras finalizar la reunión, los consejeros reconocieron en privado a los legisladores que la situación era bastante más compleja que lo que habían previsto y que, poner en marcha un nuevo sistema administativo absolutamente transparente todavía les era imposible porque, en todos lados, los anteriores consejeros "dejaron cáscaras de banana".
