Dos fallos se opusieron al dictaminado por el juez Roberto Gallardo. En primer lugar el juez en lo Penal, Ariel Lijo y luego el juez federal del fuero Civil y Comercial, Luis María Márquez, dieron a conocer fallos en los que confirman la validez jurídica de que el Casino Flotante siga funcionando. Para ambos magistrados la jurisdicción en lo relacionado con el barco, le sigue perteneciendo a la Nación, con lo cual desautorizaron los dichos de Gallardo sobre clausura.
Márquez, quien ya se había expedido sobre el tema dándole la razón, a la empresa acerca de que el Casino se encontraba en jurisdicción de la Nación, emitió un fallo en el que ratificó la medida de no innovar.
Por su parte, Lijo le pidió al Gobierno porteño, a la Prefectura, a la Gendarmería y a la Policía Federal que no realizarán la clausura del barco. El fundamento a tal decisión se basaba en que el tema del Casino Flotante debía resolverlo la justicia nacional y no la de la Ciudad.
