El Gobierno porteño hizo caducar ayer -por medio del Decreto N° 149- la concesión de la Autopista "Presidente Illia", que había sido adjudicada al consorcio de empresas Corporación Vial Metropolitana (COVIMET), aparentemente conformado por las empresas Roggio e hijos, Servente Construcciones, J.M. Aragón SA, Polledo S.A. y Natino S.A., ya que en los últimos años se vendieron los paquetes accionarios de algunas de estas empresas.
La Autopista Illia tenía -aún tiene- varias particularidades. Para empezar, cobraba el peaje más caro del país y, posiblemente, del mundo: los 280 mil automovilistas que cada día la recorren deben abonar un peso para andar tres kilómetros.
UNA HISTORIA PECULIAR
Pero esta autopista tiene una azarosa historia. Fue licitada en 1981 por el intendente aéreo Osvaldo Cacciatore. Según el llamado a licitación, la obra debía hacerse sin que el Estado desembolsara un peso, ya que la empresa debía hacerse cargo de los trabajos y luego cobrárselos con la recaudación del 20 por ciento del peaje, porque el 80 por ciento restante hubiera debido ir a parar a las arcas de la Tesorería de la Ciudad.
La obra debía -al llegar a la Avenida Nueve de Julio- sumergirse por debajo de ella y emerger detrás de la Estación Constitución. Además, debía construirse una playa de estacionamiento de 12 mil cocheras en su parte subterránea. Pero cuatro años después cambió la naturaleza de la obra. Tras un conflicto judicial, el Estado porteño le pagó a COVIMET la totalidad del trabajo de construcción de la autopista, por lo que, una vez terminada, debiera haberse convertido en una empresa estatal, lo que, por supuesto, no ocurrió. Al fin y al cabo, estamos en la Argentina.
La obra fue inaugurada en 1995, 14 años después de la licitación, tras una larga serie de conflictos judiciales, cada uno de ellos seguido por largas negociaciones. Pero en 1998 se produjo el "non plus ultra" de la labilidad estatal. El 23 de diciembre de ese año, el entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, firmó el decreto 3.135/98, por el que aumentaba el peaje de 0,50 pesos a un peso y se autorizaba un pago de 28 millones 300 mil pesos -equivalentes a dólares- a COVIMET, entre otros ítems.
Pero en decreto tiene una fecha y distintos anexos tienen fechas diferentes. El punto más conflictivo es el Anexo XIV, que autoriza el pago aludido, pero que no está incluido en el Registro de Decretos oficial. Cuando uno de los muchos jueces subrogantes -la causa está radicada en el Juzgado Penal N° 43, vacante desde que su titular, Nelson Jarazo fue designado como juez del fuero federal en La Plata- intentó hacerse del Anexo XIV no pudo conseguirlo hasta que la empresa tuvo la deferencia de entregárselo. Así se pudo comprobar que es una planilla sin membrete ni sello oficial y que está firmada por un funcionario de segundo orden, que no tenía el nivel suficiente para autorizar ningún pago. Peor aún, éste declaró en la causa que su firma sólo significaba que había visto el documento.
El último pago que recibió la empresa fue de manos de la administración de la Rúa, que en los comienzos de su campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la Nación le abonó 2 millones y medio de pesos.
IRREGULARIDADES ANEXAS
El Decreto N° 3.135 no fue refrendado por la Legislatura, tal cual lo exigen las leyes. Pero hay más. Cuando se le solicitó a la Contaduría General que auditara la operación, ésta invocó el Anexo 14 -que es una planilla de una página, sin membrete y sin firma- y luego solicitó otros documentos. Finalmente, ante tanta puntillosidad, su opinión fue dejada de lado, por lo que el decreto salió sin haberse completado su actuación. Por su parte, los anexos 1 al 14 no están inscriptos en el Registro de Decretos que existe en la sede del Gobierno de la Ciudad. Pero el colmo es que el contrato adjunto, que está agregado al decreto, que tiene fecha del 23 de diciembre de 1998-, está fechado el 9 de enero de 1999. Hay más: no hay un sólo comprobante que justifique el pago de los 28 millones 300 mil pesos.
Pero, como las "mamoushkas", esas muñecas que contienen siempre otra, y otra, y otra dentro de sí mismas, las irregularidades no terminan allí. COVIMET debió haber construido dos bajadas, una en Pueyrredón y otra en Ramón Castillo, y dos subidas, en Callao y en Suipacha. Por supuesto, nunca fueron hechas.
INDAGATORIAS QUE NO FUERON
En dos ocasiones, el fiscal del fuero penal Alejandro Molina Pico solicitó la declaración indagatoria de la Rúa y tres de sus funcionarios -dos de los cuales lo acompañaron también en su traslado a la Casa Rosada-, Nicolás Gallo, Ernesto Marcer y Eduardo Delle Ville. Las dos veces esta diligencia fue denegada por los jueces. La primera solicitud cayó en manos del entonces titular del Juzgado 43, Nelson Jarazo, que tras negarse a enfrentar a los funcionarios, fue ascendido a juez federal en en Tribunal Oral N° 1 de La Plata.
Hace unos pocos días, el juez Federal Mariano Bergés citó a la demorada indagatoria a de la Rúa, pero su abogado defensor recusó al juez y todo siguió como hasta ahora, en agua de borrajas.
LA CIUDAD SE CONVIRTIÓ EN QUERELLANTE
El 24 de abril de 2002, con alguna morosidad, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, se presentó como querellante en la causa cuando la jueza Silvia Ramond era la surogante del Juzgado N° 43. Debe recordarse que la causa se inició en el año 2000 por una denuncia del ex representante -así se llamaban entonces los concejales- del Partido Demócrata, Marcelo Gey, que cumplió su mandato entre 1973 y 1976.
Además, en octubre del mismo año, Fatala le encargó al Centro Argentino de Ingenieros (CAI) un estudio pericial, en el que se detectaron aún más irregularidades en la relación entre los pagos y lo efectivamente construido.
Resulta extraño que hoy los medios nacionales -que encubrieron a la empresa y que nunca publicaron una línea con respecto a las irregularidades descriptas más arriba- hayan sido los únicos destinatarios de la información emanada del Gobierno de la Ciudad, en una acción que evidentemente conlleva un fuerte "tufillo" electoral.
