Durante el 2004 la Legislatura porteña debatió sobre la necesidad de educar sexualmente a los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso los dos proyectos que obtuvieron más aceptación por parte de los diputados llegaron al recinto y fueron analizados, pero ninguno de los dos consiguió los votos suficientes para ser aprobado.
Pese a esta definición, la diputada kirchnerista Ana María Suppa (Frente para la Victoria) -autora de una de las iniciativas que no logró el consenso suficiente para ver la luz- decidió no bajar los brazos y -al igual que su referente político, la actual diputada nacional Juliana Marino- seguir dando pelea para que, obligatoriamente, se impartan estos conocimientos en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad.
Por lo tanto, este miércoles volverá a presentar su proyecto de Ley de Educación Sexual. El mismo contará con una serie de modificaciones que fueron realizadas luego del extenso e ideologizado debate que se dio el año pasado. Los cambios tienen que ver, básicamente, con la eliminación de la palabra espiritualidad entre las dimensiones explícitas que plantea la propuesta -incluida a instancias de los sectores más conservadores- y la aclaración de que se tendrán en cuenta los valores de cada comunidad educativa.
Cuando este tema fue tratado en el recinto, la iniciativa de los diputados Santiago de Estrada, Juan Carlos Lynch y Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) -que había obtenido despacho de minoría de la Comisión de Educación de la Legislatura que preside el diputado Marcelo Godoy- por la cual se establecían sólo los lineamientos generales para la educación sexual en los institutos de enseñanza a partir del séptimo grado de la escuela primaria -y se dejaba al arbitrio de cada colegio la creación del programa específico-, recibió 26 votos afirmativos, tres negativos y 23 abstenciones. Por lo tanto, no hubo 31 votos válidos y la propuesta no pudo ser sancionada.
En tanto, el despacho de mayoría que recogía el proyecto presentado por Suppa, María Florencia Polimeni (Frente Compromiso para el Cambio) y Diego Kravetz (Frente para la Victoria), que establecía que las directrices de educación sexual integral durante la enseñanza obligatoria debía darlas la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad obtuvo sólo 24 votos afirmativos y 28 negativos.
De esta manera, triunfó la postura del "ni", que propugnaba el ibarrismo. Las dos diputadas del Frente Grande, Laura Moresi y Alicia Caruso, solicitaron la vuelta a Comisión de los proyectos, pero al no tener eco en el resto del Cuerpo votaron negativamente ambas iniciativas. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, había criticado las propuestas por ser "demasiado extremas".
