El jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, confirmó que apelará el fallo de la justicia que ordena a la administración porteña clausurar el Casino Flotante de Puerto Madero y que, además, declara nula una ley sancionada por la Legislatura. “Se trata de un fallo institucionalmente grave que avanza de manera autoritaria sobre una ley porteña”, declaró Ibarra, durante una conferencia realizada en la tarde de este martes 22.
“Este fallo es muy grave desde el punto de vista institucional y tiene un fuerte contenido político. Porque el juez avanza de manera autoritaria sobre una ley sancionada por la Legislatura porteña. Al juez no le gusta lo que sancionaron los legisladores y por ese motivo decide anular la ley”, manifestó el jefe comunal.
El juez en lo contencioso administrativo, Roberto Gallardo, le ordenó al Gobierno porteño la clausura en 48 horas del casino flotante. También declaró inconstitucional la ley 182, que se refiere al acuerdo de explotación del juego al que llegaron el Gobierno de la Ciudad y Lotería Nacional.
“El Gobierno porteño trató de hacer un proceso de determinación de deuda y la justicia le negó esa posibilidad”, indicó Ibarra, que agregó que este fallo fue apelado por la administración de la Ciudad.
El jefe de Gobierno informó que la clausura no se podría cumplir porque hay una medida de amparo vigente, de Luis María Márquez, juez federal en lo civil y comercial que fue ratificada por la Cámara en lo Civil y Comercial en dos oportunidades: en 2000 y 2002. Este amparo impide modificar la situación del casino flotante, según lo expuesto por Ibarra.
Por otra parte, el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad establece que las utilidades por el juego en el ámbito de la Ciudad se dividen en un 50 por ciento para cada jurisdicción. Este acuerdo fue ratificado por una ley que sancionó la Legislatura en 2003, y mediante un decreto del presidente de la Nación. Por este convenio, la Ciudad recibió 69 millones de pesos: 50 millones en 2004 y 19 millones en lo que va del año. Este dinero fue destinado al Instituto de la Vivienda y a la Secretaría de Desarrollo Social.
