La Ley 612 establece la condonación de las deudas que mantienen con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los impuestos de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), contribución territorial, pavimentos y aceras, Ley 23514 y actualizaciones, intereses y multas correspondientes a las asociaciones civiles sin fines de lucro de carácter deportivo que no cuenten con deportistas rentados. Esta norma, producto de un proyecto presentado por el diputado justicialista Eduardo Valdés, fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de julio de 2001.
A casi un año y medio de su publicación en el Boletín Oficial, aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo porteño. Por ese motivo, el Parlamento porteño sancionó en la sesión del jueves 5 una declaración por la cual se insta al Gobierno de la Ciudad a reglamentar esta norma, ya que "afecta a instituciones barriales que dan respuesta a las demandas de la sociedad referidas a actividades deportivas, culturales y sociales, que verán aliviadas sus finanzas con la puesta en marcha de esta resolución". El autor del proyecto de declaración fue el diputado Oscar Moscariello (PDP).
La condonación para estas instituciones regirá desde la fecha en que éstas hubieran sido nombradas titulares de sus predios o desde que hubieran obtenido su uso precario y gratuito por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 31 de diciembre de 2000. El monto de condonación no podrá superar los 300.000 pesos en cada caso. De superar este monto las asociaciones beneficiarias podrán acogerse a un plan de facilidades de pago sobre el excedente.
Según Moscariello "urge reglamentar esta ley porque el estado de la mayor parte de los clubes de barrio es calamitoso, y por eso mi proyecto fue aprobado por unanimidad. Hay un gran consenso para que se alivie la situación de instituciones que se encuentran muy comprometidas, no sólo por el aumento de los insumos producto de la devaluación, sino también porque la crisis ha generado una importante reducción del padrón de socios".
El diputado demócrata progresista desestimó que la tardanza del Ejecutivo en reglamentar la norma responda a una cuestión económica -la norma podría llegar a perdonar un monto cercano a los 90 millones de pesos, si se tienen en cuenta los máximos condonables- "porque en estas condiciones las asociaciones no van en camino a saldar ninguna deuda, sino a desaparecer, lo cual sería lamentable debido a la fuerte contención social que brindan".
