Sumergidos en una crisis que no deja de acosarlos de manera persistente, los radicales porteños idearon una audaz jugada para tratar de asegurar un sendero firme en medio del terreno resbaladizo que pisan por estos días. En una reunión con Aníbal Ibarra, el hombre fuerte del radicalismo metropolitano, Cristian Caram, le advirtió al líder del Frente Grande que si el 15 de marzo próximo no está cerrado el acuerdo político entre ambas fuerzas, entonces quedará abortado.
Ya viene de lejos la intención de los radicales de diluir -tras los fuegos que marcaron la caída de de la Rúa- un posible fracaso en las urnas armando una boleta conjunta con Aníbal Ibarra, en la que éste sería secundado por Caram como candidato a vicejefe de Gobierno. Hasta fines del año pasado, el acuerdo seguía vivo, pero tras la desastrosa interna que enfrentó a Leopoldo Moreau con Rodolfo Terragno, en la que los radicales eligieron el suicidio, el jefe de Gobierno porteño comenzó a pensar en otras opciones.
Alarmados por la demora de Ibarra en dar una respuesta y más aún por su precaria situación política -entre otras cosas, la interna en la Ciudad no se realizó por chicanas judiciales- los radicales porteños están comenzando a pensar en que su futuro electoral inmediato estará ligado sólo con su propia capacidad de supervivencia.
Enfrentados en un juego de tahúres, en el que todos fingen tener un juego que en realidad ninguno tiene, los allegados al jefe de Gobierno aseguran a quien quiera escuchar que lo de los radicales "es una bravuconada de gente que no se dio cuenta de que pasó a la historia" y que "lo último que tiene que hacer Ibarra es reeditar la Alianza".
Los radicales, por su parte, basándose en una reciente encuesta de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados, que indica una intención de voto del tres por ciento para su partido, a pesar de que aún no se eligió ningún candidato, evalúan que podrían alcanzar -sin compañía- el nueve por ciento en la votación para jefe de Gobierno y colocar a cuatro o cinco diputados en Perú 130. Pero la sonrisa se les agranda cuando evalúan que ese ocho o nueve por ciento podría ser para Ibarra la diferencia entre la reelección y el fracaso.
Pero éste también tiene un Plan B. Si el acuerdo con sus actuales socios no llegara a concretarse por alguna razón -en ambos bandos hay acuerdistas y rupturistas-, siempre está cerca la mano amiga de los socialistas y hacia allí apuntaría el oficialismo. Este acuerdo aportaría a Ibarra una ventaja. Más allá del caudal electoral que le puedan aportar los herederos de Alfredo Palacios, son socios previsibles, que no cargan pesados conflictos sin resolver. Todo lo contrario de la UCR.
Aún así, un gran sector del Frente Grande quiere abrevar en una alianza con alguno de los sectores del peronismo, un partido que, al igual que ellos, también se ha ido desflecando en los últimos años. Piensan en Rafael Bielsa, en Carlos Campolongo o en Juliana Marino, que están fuera del juego actual del Justicialismo, pero a los que mucha gente todavía identifica como pertenecientes a él. El problema es que ninguno de ellos posee un caudal de votos como para "mover el amperímetro" y así no hay alianza que aguante.
Los asesores políticos de Ibarra consideran que estos tres posibles aliados reúnen la condición "sine que non" que debe poseer el número dos de Ibarra: estar fuera de los acuerdos de poder de los partidos tradicionales.
El problema principal que se le presentaría al jefe de Gobierno porteño es que la amenaza de los radicales fue muy concreta para estos siete meses que restan hasta las elecciones: "huelga de brazos caídos" a la hora de votar las leyes que necesita para gobernar. Sus asesores evalúan, de todas maneras, que en ese plazo habrá muchos chisporroteos pero pocos fuegos, habida cuenta de que ya no hay grandes temas que deban pasar por los filtros legislativos.
Quedan para un futuro incierto, mientras tanto, algunos proyectos de ley de suma importancia para los porteños. Si hay acuerdo entre los radicales y el Frente Grande, posiblemente se apruebe un Código Electoral -hasta ahora se utiliza en las elecciones el de la Nación- y exista la posibilidad de elegir a los directores de los Centros de Gestión y Participación como un primer paso. En dos años más -y eso quiere Ibarra que se incluya en la ley- podría ponerse en marcha la demoradísima Ley de Comunas.
