Procesaron a ex funcionario porteño por "doble homicidio culposo" en "Buenos Aires Vivo III"

Procesaron a ex funcionario porteño por "doble homicidio culposo" en "Buenos Aires Vivo III"

El titular del Juzgado Correccional Nº1, el Dr. Omar Facciuto, procesó por "doble homicidio culposo" y embargó por 500 mil pesos a Alejandro Gómez, ex funcionario de la Secretaria de Cultura, a raíz de la causa judicial que se iniciara en 1999 a partir de la muerte por electrocución de dos jóvenes en "Buenos Aires Vivo III". El ciclo de recitales fue organizado por los responsables del área -Darío Loperfido y Cecilia Felgueras-


La justicia dictó el procesamiento por "doble homicidio culposo" al ex director del Programa para la Recuperación y Utilización del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Gómez, por considerarlo penalmente responsable de la muerte de dos jóvenes en la tercera edición de "Buenos Aires Vivo III". Además, el juez en lo Correccional Nº1, Omar Facciuto, procesó a Rafael Sáenz Briones, integrante de la productora Fénix que organizó el evento y dispuso un embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados.

El hecho ocurrió el 1º de marzo de 1999, durante un recital público y gratuito de los Caballeros de la Quema y de Divididos en Puerto Madero. El mismo fue organizado por los entonces secretario y la subsecretaria de Cultura porteños, Darío Loperfido y Cecilia Felgueras, respectivamente.

Los dos jóvenes de 21 años, Alejandro Lumelli y Diego Aguilera, murieron por paros cardiorrespiratorios luego de electrocutarse con un alambrado que delimitaba el predio que había sido acondicionado para la ocasión.

Paralelamente al juicio penal, los padres de las victimas iniciaron una demanda civil por daños y perjuicios, en la que reclaman a la Ciudad de Buenos Aires un resarcimiento económico por lo sucedido. Además, según informa el portal Infobae, los familiares también denunciaron que un abogado del estudio Díaz Cantón -el mismo que representa al ex presidente en la causa del jardinero- les habría ofrecido 50 mil dolares para que desistieran de las acciones judiciales.

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