Mediante el decreto 174 el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, creó una Comisión Asesora en materia de incendios, siniestros y prevención. "Resulta necesario la conformación de una Comisión que, a partir del análisis de las disposiciones existentes en todo el ámbito de la Ciudad, efectúe una propuesta de actualización normativa", aseguró Ibarra.
En los fundamentos del decreto se establece que "superada la instancia inicial, en la cual se adoptaron las medidas más urgentes tendientes a la protección de la seguridad de los ciudadanos en situaciones similares a la tragedia de República Cromañón; sobreviene una segunda etapa, en la cual resulta imprescindible efectuar una revisión integral de la normativa referida a las medidas de seguridad y de prevención de siniestros en general, las cuales resultan antiguas y desactualizadas con respecto a las prácticas que imponen los usos y costumbres de los habitantes de nuestra Ciudad".
Según el Ejecutivo "el estudio a realizar requiere del aporte de expertos en materias específicas, así como de análisis exhaustivos que definan acciones para implementar en el mediano y largo plazo, a fin de dotar a nuestra Ciudad de una normativa moderna adaptada a los tiempos que corren, contemplando la necesidad de promover intensas políticas de educación y capacitación en materia de conductas responsables y control comunitario, como medio ineludible para garantizar que tragedias como la acontecida no se repitan".
La Comisión Asesora tendrá por misión la presentación de propuestas referidas a modificaciones y actualizaciones normativas en materia de incendios y siniestros; políticas de prevención; promoción de conductas responsables; asistencia técnica en materia de prevención; y control comunitario. Asimismo, podrá incluirse toda otra iniciativa vinculada a la materia.
Se invitará a conformar la Comisión a la Legislatura porteña, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; la Facultad de Derecho, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF); el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) y de Arquitectura y Urbanismo (CPAU); el Centro Argentino de Ingenieros (CAI); la Sociedad Central de Arquitectos (SCA); la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
La Comisión será coordinada por el jefe de Gobierno y deberá producir la propuesta de actualización normativa en un plazo máximo de 90 días corridos, contados a partir del inicio de sus actividades.
