En los amplios, añejos y húmedos pasillos del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano al 500, vive un rumor que se agiganta con la cercanía del juicio oral y público del caso Cromañón: la jueza de instrucción María Angélica Crotto tiene buen trato con un importante funcionario del gobierno nacional, cuyo nombre y apellido es Aníbal Fernández, nada menos que el ministro del Interior. Según la versión este político habría sido el impulsor de su vuelta a la causa luego de su larga convalecencia y la renuncia forzada del problemático para el poder político, el magistrado Julio Lucini. Su enfrentamiento con los integrantes de la Sala V de la Cámara del Crimen porteña, María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich, fue tan evidente que a fines del año pasado le ordenaron cerrar la etapa de instrucción, en el momento en que pensaba citar al ex jefe de Gobierno capitalino, Aníbal Ibarra. La realidad demostró con la llegada de Crotto que la etapa de instrucción no estaba completa y los camaristas no pusieron obstáculo alguno. Para los familiares el tufillo político destrás de la magistrada siempre fue una señal de alarma y las relaciones empeoraron cuando Crotto denunció a un grupo de padres por amenazas y a eso se se sumó la desvinculación del ex fiscal de la causa que investiga la muerte de 194 personas, dato que enfureció a los familiares.
Las recusaciones eran un desenlace cantado. Este martes 17, se conoció la presentación que realizó uno de los padres, Luis Fernández, quien acusó a Crotto de enemistad manifiesta y de no tener imparcialidad ni independencia.
Fernández integra el trío de familiares, junto a Ricardo Righi y Nora Bonomini de padres denunciados por amenazas por la jueza, algo que los tres rechazaron con énfasis.
El domicilio particular de Roghi fue allanado por la causa de las amenazas, que tramita la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y se le secuestraron varias computadoras. El padre denunció una persecución político-judicial, luego de producido el incidente.
Por otra parte, en el texto de recusación, Fernández también la acusa de tener odio y resentimiento y un deseo de venganza contra el grupo de padres que supuestamente la amenazaron y eso provoca un comportamiento contrario al deber de buena fe para impartir justicia.
Además, los familiares pidieron que el juicio oral y público no se alargue y se realice en el 2007, año bastante movido para varios políticos, si se toma en cuenta la contienda electoral. Hasta el momento no se fijó fecha, pero tampoco se descarta que se realice el año que viene, según lo que le manifestaron a NOTICIAS URBANAS varias fuentes tribunalicias.
