Este viernes, y por una ajustadísima mayoría, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura porteña resolvió otorgar al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, sólo cinco días hábiles de prórroga para realizar su descargo en torno al pedido de juicio político por la tragedia de Cromañón.
El funcionario había solicitado 15 días hábiles, pero cinco de los nueve miembros de la Comisión presentes en la reunión decidieron que la audiencia se fije para el lunes 5 de septiembre a las 10 de la mañana.
Los diputados Ariel Schifrin (Confluencia), Jorge San Martino (Recrear), Daniel Betti (Bloque del Sur), Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) y Fernando Melillo (ARI) coincidieron en que es necesario mostrar una seriedad institucional y respetar lo decidido en la anterior reunión, en la cual se previó un pedido de prórroga y por ello se facultó al presidente de la Comisión, Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio), a prorrogar -automáticamente y por única vez – el plazo por cinco días hábiles al igual que ocurrió con el proceso de juicio político que se lleva adelante a cinco miembros del Consejo de la Magistratura.
Schifrin explicó: "Intuyo que en estos ocho meses el jefe de Gobierno ha tenido tiempo de estudiar el tema, no creo que recién ahora se entere de las causales".
En tanto, los diputados Godoy, Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), Álvaro González (Juntos por Buenos Aires) y Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria) entendían que la audiencia para el descargo de Ibarra debía efectuarse el lunes 12 de septiembre, a fin de que quedara expresa la voluntad de la Legislatura de que el funcionario hiciera total uso de su derecho a defensa.
Borelli explicó: "A nosotros no nos da lo mismo cinco días hábiles más o menos, que bien podrían haber sido utilizados por el Jefe de Gobierno para torcer el rumbo de los trágicos hechos. Sin embargo, y pese a que desde el 29 de julio Ibarra conoce el dictamen de la Comisión Investigadora de Cromañón, queremos que no queden dudas sobre la vocación de esta Comisión en cuanto a posibilitar el derecho a defensa del Jefe de Gobierno".
El diputado Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires/Unidad Republicana), por su parte, se mostró de acuerdo con la opinión mayoritaria, aunque su parecer no pudo ser contabilizado dado que no estaba presente en el momento de la votación por problemas personales que retrasaron su llegada.
En la reunión, también se dio lectura al escrito que presentó el vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires), ante el Tribunal Superior de Justicia por el cual solicita que se aclare si la resolución adoptada a raíz de la demanda presentada contra la Legislatura por el Jefe de Gobierno, referida a un "conflicto de intereses", es contra la Legislatura o contra la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora.
Cabe mencionar que la Legislatura tiene 30 días para contestar la resolución judicial por el cual hace a lugar a la demanda de Ibarra, en la cual se requiere que se dicte una medida cautelar que ordene "la inmediata suspensión de la vista conferida a la síndica General de la Ciudad por la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura como así también de la audiencia fijada para el día 29 de agosto del 2005".
En ese sentido, la Comisión Investigadora emitió por unanimidad una resolución en la que acata la orden del Tribunal Superior, aunque en sus considerandos aclara que reafirma lo actuado hasta el momento.
