La Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña

Pedro Aliana juró el viernes como nuevo presidente de Paraguay, mientras las autoridades ejecutaban una orden de detención contra su predecesor, Santiago Peña, poco después de ser destituido mediante un juicio político por su presunta vinculación con el colapso del banco local Ueno.

En el final de un proceso de dos días, los senadores apoyaron con 44 votos la condena de Peña, quien había presentado su dimisión el jueves tras perder el apoyo de su partido. El vicepresidente Alliana, un político conservador de 52 años, asumió en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028.

Mientras el nuevo mandatario juraba, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para comunicarle la orden de arresto mientras un grupo de manifestantes protestaba. Luego, fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, donde permaneció hasta que este sábado fue enviado al Ministerio Público para prestar declaración.

Peña fue conducido este sábado en medio de un fuerte operativo de seguridad a la Fiscalía General del Estado en Asunción. Sin embargo, según se informó solo habló su abogado alegando la inocencia del mandatario, y luego de ese trámite los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez lo imputaron por "lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso", pidiendo que se aplique tanto a él como a Carlos Dagoberto Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), la prisión preventiva.

Peña entró a la fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT), para prestar declaración en el marco de una investigación en su contra iniciada el jueves por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El fiscal Benítez, a cargo de la investigación, dijo a la prensa local que en la indagatoria se le expondrían hechos y pruebas y que "en el transcurso de la tarde" podría ser imputado, lo que finalmente ocurrió

Peña debía permanecer inicialmente bajo arresto domiciliario, pero la concentración de cientos de personas en las inmediaciones de su residencia y los incidentes registrados durante la noche del viernes obligaron a modificar el operativo. Los policías reforzaron el cordón de seguridad y utilizaron balas de goma para dispersar a los manifestantes.