Continúa la polémica alrededor del convenio que firmó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad -a cargo de María Elena Naddeo- y la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA). A los intentos, por el momento fallidos, de los diputados porteños Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano) y Jorge Enríquez (UCR) de declarar la inconstitucionalidad del acuerdo y de realizarle una interpelación a Naddeo, se le sumó a fines de la semana pasada un proyecto de ley del legislador radical presentado en el parlamento porteño, mediante el cual pretende anular el convenio.
La iniciativa parlamentaria establece como "nulo de nulidad absoluta" el acuerdo y estipula en su artículo 2º que SIGLA deberá devolver la plata que el Gobierno de la Ciudad le entregó en un plazo no mayor de diez días a partir de aprobado el proyecto.
En el convenio ambos se comprometen a reforzar y ampliar los alcances de programas y actividades orientados a la defensa y promoción de los derechos de los adolescentes y niños relacionados con el desarrollo social, la capacitación, la investigación y el trabajo comunitario, poniendo especial énfasis en la protección de la salud, en el desarrollo de una sexualidad plena y facilitándoles la igualdad de oportunidades.
"Es grave que ese servicio de ‘consejería’ y de ‘orientación’ se preste con intervención del Estado y por una institución claramente defensora de las desviaciones sexuales. No es esta la misión de la escuela pública, ya que los aspectos relacionados con las tendencias sexuales de los menores son muy delicados e íntimos y deben ser tratados en el seno familiar sin la injerencia compulsiva y totalitaria del Estado", concluyó Enríquez en los fundamentos de su polémico proyecto de ley.
