La noticia causo preocupación en varios oficinas gubernamentales. El fallo se transformó en la primera piedra dentro del zapato del secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Juan José Álvarez. En realidad la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Petrella, observó irregularidades en las habilitaciones e inspecciones que se realizaron a los boliches de la Ciudad, luego de la tragedia de Cromañón y que permitieron su apertura. En buen criollo, esto significa que los locales que fueron habilitados no estaban en condiciones de abrir.
Es más, la magistrada amenazó con clausurar esos boliches. Para la jueza una de las mayores arbitrariedades se centra en las actas de habilitaciones, ya que se mencionaba que habían sido supervisadas por la justicia y en realidad esto no había sucedido.
Petrella señaló que en algunos casos también falta la constancia de la intervención de la Superintendencia de Bomberos. La magistrada agrega que el resultado de las inspecciones que se realizaron jamás fueron comunicadas a la justicia. Esto incumpliría lo dispuesto por un fallo anterior sobre las condiciones para realizar las reaperturas de los boliches.
La jueza además, apuntó contra el gobierno porteño al manifestar que se abstenga de mencionar a la justicia en esos controles, bajo la amenaza de iniciar acciones penales y de imponer multas monetarias a los funcionarios que incurran en ese incumplimiento.
