La Justicia convocó a una audiencia a autoridades del Gobierno de la Ciudad y del ONABE con el fin de establecer responsabilidades y encontrar una vía para solucionar el conflicto habitacional expuesto por los vecinos de la Villa 31 con el extenso corte de la Autopista Illia el pasado miércoles.
"El 1 de diciembre va a haber una nueva reunión", informó ante las cámaras de C5N, el director del ONABE, Fernando Suárez. "Lo que busca la justicia es que no se corra peligro con este tipo de construcciones. Ha crecido mucho y no queda claro si tienen las medidas de seguridad pertinentes. Lo que sí quedó claro que la Ciudad necesita de la colaboración de las fuerzas de seguridad", comentó.
Pero el accionar de las fuerzas de seguridad ante situaciones tensas como el despeje de una arteria cortada o el posible desalojo de habitantes asentados en tierras fiscales, es otro punto álgido del conflicto.
"La Ciudad ha reconocido que tiene poder de policía sobre esos territorios pero que no tiene la fuerza necesaria. Habría que definir primero cuál sería la fuerza que se tiene que hacer cargo de esto. Hay que trabajar mucho. Es un problema muy complejo y delicado. Le corresponde a un equipo multidisciplinario y multi-institucional", dijo el funcionario nacional por Crónica TV.
Tras remarcar que "el Gobierno de la Ciudad se equivocó al decir en un primer momento que no tenía responsabilidad", Suárez comenzó a tomar distancia en el conflicto dejando en claro que quién deberá encarar las soluciones en representación del Estado Nacional será otro y no él.
"Yo no soy un dueño que está construyendo. Estoy en una situación de litigio con los que construyen. Todas las tierras van a la nueva empresa ferroviaria en un mes", aseguró.
La nueva empresa estatal que administrará los bienes ferroviarios en manos del Estado nacional y que deberá trabajar junto al Gobierno de la Ciudad sobre la problemática generada por los asentamientos en terrenos fiscales, sería conducida por el ex ministro porteño, Juan Pablo Schiavi, quien desde tiempo atrás ha puesto a varios equipos a trabajar en diversos proyectos.
"Queríamos ser los genuinos representantes de esta causa y queríamos ser parte de esta denuncia que hizo Mauricio Macri", señaló la delegada de la Villa 31, Norma Gutiérrez.
Asegurando que recurrirán a la Legislatura para "encaminar alguna solución", la delegada subrayó que la protesta continuará.
"Vamos a volver acortar porque creo que es el momento oportuno para que se decida el destino de la villa 31. Hay alguien muy malicioso que desea que la Villa desaparezca", dijo por Radio Mitre.
