Este martes el Poder Ejecutivo vetó la ley 1814 por la cual se creaba una Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento con el objeto de establecer los mecanismos necesarios para resolver los conflictos e irregularidades que afectan a los adquirientes de viviendas, en el marco del Sistema de Cofinanciación entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y distintas Cooperativas de Vivienda.
El decreto -que data del 6 de diciembre pero que fue publicado este martes 13- establece que "del análisis del proyecto de ley no surge concretamente cuáles son ‘los conflictos e irregularidades que afectan a los adquirentes de viviendas’ impidiendo vislumbrar con claridad cuál es el interés público perseguido con la sanción de la iniciativa en estudio y valorar, en ese marco, la oportunidad, mérito, conveniencia o razonabilidad de la medida propuesta". Además, plantea que las funciones otorgadas a la Comisión implican una intromisión sobre las misiones y funciones que el ordenamiento jurídico le ha encomendado al IVC.
Los edificios que estaban alcanzados por esta norma eran: Cooperativa Techos (Plaza 4339); Cooperativa Maui (Zañartú 1540); Cooperativa 6 de Julio (Boyacá 835/47); Cooperativa Hogar (Conesa y Borrego); Cooperativa Ovitur (José Bonifacio 2949/61); Cooperativa Personal Legislativo COPELE (Saladillo y Tapalqué) y Cooperativa COFAR (Crisólogo Larralde 4222).
En los fundamentos del proyecto -que fue presentado por Beatriz Baltroc, Marcos Colman, Daniel Betti, Fernando Cantero y Sergio Molina- se afirma que "existe en todos los casos documentación que acredita los diferentes vicios de construcción. Las empresas a cargo de las obras cometieron numerosas irregularidades. Los edificios presentan fisuras, manchas de humedad, infiltraciones en las carpinterías, corrosión, y chorreaduras de óxido en los balcones, etc. Tanto las cooperativas como la ex CMV (ahora IVC) no ejercieron los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los respectivos contratos".
También el decreto recuerda que "el primer artículo de la norma prevé la constitución de una ‘Comisión Técnica’, no existiendo requisito técnico alguno para integrar la misma dado que deberá estar integrada por representantes designados por los vecinos de los edificios afectados, los diputados de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, dos representantes del IVC, con rango no inferior a Director, y un representante de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad con rango no inferior a Subsecretario".
Por último, el Poder Ejecutivo sostiene que " la suspensión de las acciones legales prevista en el artículo 5° del proyecto no guarda ninguna relación con la causa de la ley (aparentes deficiencias estructurales y de construcción) ni con la finalidad perseguida (la solución a ese problema), redundando en un perjuicio al erario de este organismo que se traducirá en la demora a brindar soluciones habitacionales a los ciudadanos que las necesitan".
