La decisión del Gobierno nacional de proponer a la penalista Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Guillermo López sigue generando polémica. Los senadores justicialistas observan con preocupación los cuestionamientos que desde distintos sectores de la Iglesia se hicieron sobre esta postulación, ya que intuyen que algunos de los representantes del PJ podrían oponerse a su designación. Los problemas surgieron porque Argibay se autodefinió como "atea militante" y también porque se expresó a favor de la despenalización del aborto, lo que puso sobre el tapete la relación entre la Iglesia y el Gobierno.
En tanto, la asociación Pro Vida sostuvo que "tras la presión feminista, el Ministerio de Justicia de la Nación reestructuró su página de Internet y unificó las listas de impugnaciones particulares a la candidatura de Argibay. Por lo que han desaparecido, misteriosamente, centenares de ciudadanos impugnantes, cuya presentación fue hecha con todos los requisitos que manda el decreto 222/03 del Poder Ejecutivo".
Sin embargo, los apoyos a la postulación también se hacen escuchar. Al que habían manifestado las Asociación de Mujeres Socialistas de Capital Federal y la diputada nacional María Elena Barbagelata, se sumó la legisladora porteña María Florencia Polimeni (Compromiso para el Cambio), quien presentó un proyecto de declaración para respaldar la candidatura de Argibay.
Según Polimeni, "las mujeres representamos más del 50 por ciento de la población del país, y la actual Corte, así como otros ámbitos institucionales, no expresan esa realidad. En toda la historia argentina sólo una mujer ocupó un cargo en la Corte Suprema. Resulta imprescindible saldar esta deuda histórica, posibilitando a las prestigiosas juristas mujeres que tiene nuestro país cubrir las vacantes actuales y futuras que se produzcan en el tribunal. La incorporación de Argibay a la Corte constituirá un inicial pero trascendente avance hacia una Corte más igualitaria y legítima".
Se expresaron del mismo modo los diputados nacionales por la Ciudad Claudio Lozano (CTA), Héctor Polino (Partido Socialista) y Patricia Walsh (Izquierda Unida) y el bloque de diputados "Encuentro" integrado por las representantes porteñas Juliana Marino y Silvana Giudici (además de Margarita Jarque y Julio Accavallo), quienes afirmaron que "Carmen Argibay Molina ha sido una jueza de la democracia y es quien detenta la dignidad y el conocimiento del Derecho que la habilitan sobradamente para ejercer la más alta magistratura de la Nación Argentina".
Para finalizar, los diputados dejaron en claro que "ha llegado el momento de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación acompañe el movimiento que se viene dando en numerosos Tribunales Superiores de distintos Estados provinciales de la República, como así también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que ya cuentan con mujeres entre sus integrantes".
Por otra parte, un sector del radicalismo porteño entregó en el Ministerio de Justicia su aval a la candidatura de Argibay. En una carta que cuenta con más de trescientas firmas, la Corriente Progresista, encabezada por el diputado nacional Aldo Neri y la ex secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, Gabriela González Gass, manifestó su apoyo a la jurista.
Ambos remarcan "su conducta independiente con respecto al poder político que asegura preservar la independencia del Poder Judicial, condición ineludible para afianzar la democracia y la justicia; y la incuestionable y meritoria formación de Argibay en la temática de género, que permitirá aportar a la Corte Suprema la mirada de las mujeres, imprescindible para que esa institución refleje mejor y más adecuadamente a nuestra sociedad".
