Tras una larga reunión realizada en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, en la que el secretario gubernamental del área, Abel Fatala, y el presidente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), Héctor Rossi, recibieron duros ataques por parte de sus opositores y encendidas defensas de sus partidarios, todo quedó como al principio. A los opositores nadie podrá convencerlos de que todo está mal, mientras que el oficialismo continuará argumentando -sólo les falta la aureola- que el cielo habita en las oficinas de AUSA.
El objetivo de la reunión era, por parte de los opositores, demostrar que la empresa que explota las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Héctor J. Cámpora y Presidente Illia no puede hacer obra pública y que la que ejecuta se hace vulnerando las leyes. La bancada de Fuerza Porteña, en cambio, fue a defender a los funcionarios de Ibarra, como hace todo bloque oficialista que se precie.
Tanto es así que, una vez terminada la reunión -no fue una interpelación-, el diputado Oscar Moscariello (Juntos por Buenos Aires) manifestó que "luego de más de cuatro horas de intercambio de ideas vacías, explicaciones inexactas y falsas interpretaciones jurídicas, quedó claramente establecido que los modos de contratación que utiliza Ibarra no son transparentes y violan las normativas vigentes".
La diputada Sandra Dosch (Fuerza Porteña), por su parte, vio lo mismo con ojos diferentes. "La interpelación fue una pérdida de tiempo que se hubiera solucionado con un pedido de informes -expresó-. Además, me gustaría dejar bien claro que el promedio mensual del canon que ingresó a la ciudad entre 1991 y 1997 (época en que la autopista estuvo siendo explotada por un concesionario privado -integrado entre otros por SIDECO del grupo Macri-) fue notoriamente inferior al que ingresó en el período que va desde el año 97 al 2000 en el que la autopista estuvo a cargo de AUSA, una empresa del gobierno de la Ciudad".
Por su parte, Héctor Rossi, presidente de AUSA, le manifestó a NOTICIAS URBANAS que "quedó claramente demostrado que la normativa que rige a AUSA permite la contratación de obras y ésta fue una práctica que utilizaron todos los gobiernos desde que esta empresa existe. Nosotros operamos como cualquier empresa constructora: compramos los materiales -petróleo, arena, cemento y lo que haga falta- y contratamos por licitación pública o privada a una empresa, que utiliza su propia maquinaria y su mano de obra".
"De todos modos -agregó el presidente de la empresa vial estatal- a nosotros nos llamó poderosamente la atención que los diputados que responden a Macri hagan estas denuncias, siendo que la empresa Sideco Americana, perteneciente al Grupo Macri, operó entre 1991 y 1997 las autopistas AU 1 25 de Mayo y AU 6 Perito Moreno, sin licitación de por medio".
"Desde 1997 -continuó Rossi-, cuando el Estado porteño se hizo cargo de AUSA, los balances dan ganancias claras, a pesar de que sólo 50 centavos por cada peaje cobrado de dos pesos va a parar a la empresa".
