El macrismo quiere que el Gobierno porteño indemnice a las víctimas de Cromañón

Horas después de la tragedia ocurrida el pasado 30 de diciembre en República de Cromañón, uno de los temas que se mencionó recurrentemente es la catarata de juicios que los familiares de la víctimas iban a emprender contra el Gobierno de la Ciudad, entre otros.

Pese a lo que -en su momento- decida la Justicia, los diputados porteños del Frente Compromiso para el Cambio, Martín Borrelli y Gabriela Michetti quieren que la Legislatura porteña apruebe una Ley de Indemnización a las víctimas del incendio ocurrido en República Cromañón el pasado 30 de diciembre.

En el proyecto que ambos presentaron se establece que serán beneficiarios de la indemnización las personas con daños físicos y psicofísicos derivados del siniestro y las que acrediten su condición de herederos respecto de alguna persona fallecida como consecuencia del mismo. Se excluye del beneficio a las personas o herederos de personas fallecidas a causa del siniestro que hayan tenido alguna responsabilidad, de cualquier tipo, con el mismo.

Los montos indemnizatorios propuestos son: por muerte, 300.000 pesos; por lesiones gravísimas; 180.000 pesos; por lesiones graves, 100.000 pesos; y por lesiones leves, 50.000 pesos. Por única vez se autoriza la afectación de los recursos necesarios que se hallen acumulados en el Fondo Anticíclico para afrontar el pago de las indemnizaciones.

En la propuesta se establece que el régimen es de carácter optativo para los beneficiarios y renunciable en cualquier momento de su tramitación y que el cobro de la indemnización implica la renuncia a iniciar o proseguir cualquier tipo de acción judicial de carácter civil contra el Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad deberá proceder al pago de la misma en forma directa a los beneficiarios dentro de un plazo no mayor a 30 días. En los casos de indemnización por fallecimiento, el Gobierno de la Ciudad tendrá que depositar las sumas correspondientes en el juicio sucesorio. La solicitud del beneficio deberá efectuarse dentro del año de la fecha de promulgación de la ley, menos en el caso de que esté pendiente una resolución judicial.

La iniciativa también crea una comisión de seguimiento integrada por seis legisladores de la Ciudad, el Defensor del Pueblo porteño, el Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires y un representante del Ministerio Público. Los legisladores, según el proyecto, deberán ser los presidentes de las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria; Justicia; Asuntos Constitucionales; Legislación General y del Trabajo; de Salud y de Relaciones Interjurisdiccionales.

"Estamos presentando este proyecto porque consideramos que más allá de la imprescindible tarea de investigar las causas y determinar las responsabilidades civiles, penales y políticas en cada uno de los ámbitos que compete, nosotros también debemos preocuparnos por las consecuencias del desastre", manifestaron los autores de la propuesta legislativa.

Borrelli y Michetti sostienen que "el Estado está, en este caso, obligado a indemnizar a las víctimas. No se trata de sustituir el dolor padecido por el efecto de una mera compensación material, todos sabemos que eso no resulta aceptable. Con este proyecto sólo estamos previendo sumas indemnizatorias claras para los distintos casos que se presenten y procedimientos rápidos y transparentes que permitan atemperar, aunque sea en lo material, las dramáticas e irreparables consecuencias de la tragedia.

Por último, los diputado macristas señalaron: "Esperemos que esta vez no quede evidenciada nuevamente la falta de compromiso institucional y político del Gobierno de la Ciudad y de quienes frustraron la interpelación".