Pasan a cuarto intermedio para que se modifique el decreto de seguridad
Este jueves la Legislatura porteña iba analizar el decreto de necesidad y urgencia mediante el cual el Poder Ejecutivo establece una serie de requisitos que deberá cumplir los locales bailables de la Ciudad para poder reiniciar sus actividades y mientras estén abiertos al público. Para que este decreto se convierta en ley es necesario el voto afirmativo de la mayoría de los diputados presentes, pero las críticas al proyecto elaborado por el secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, pusieron el trámite mucho más difícil.
Por lo pronto, el ibarrismo; el Partido Socialista; el Partido de la Ciudad; el bloque Integración Social que integra Mónica Bianchi; el Frente para la Victoria y el macrismo (Compromiso para el Cambio y Juntos por Buenos Aires) acordaron el pase a cuarto intermedio para que el Ejecutivo lo modifique íntegramente.
En tanto, el Interbloque de Izquierda ya formalizó su rechazo al decreto, así como lo hicieron los diputados Jorge San Martino, Fernanda Ferrero y Carlos Araujo (Unión para Recrear Buenos Aires). El ARI, en principio, votaría en contra al igual que Juan Manuel Velasco y María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural); Ariel Schifrin y Milcíades Peña (Confluencia).
La propuesta de cuarto intermedio fue planteada por la ibarrista Laura Moresi, "en vista del diálogo abierto con el Ejecutivo".
En este sentido, Álvarez recibió este jueves a un grupo de legisladores porteños que habían realizado algunas propuestas de modificación al primer decreto de la gestión del duhaldista al frente de la Secretaría de Seguridad. Entre ellos se encontraron Diego Santilli, Jorge Mercado y Sandra Bergenfeld (Juntos por Buenos Aires), quien le entregó sus críticas por escrito. La reunión proseguirá este viernes al mediodía.
Entre otras iniciativas, la nueva normativa crea un registro de locales bailables; y genera la obligación de presentar la certificación de bomberos, constancia de tratamiento ignífugo de revestimientos ante el Gobierno y la necesidad de la presencia de servicio médico de emergencia y de bomberos mientras están funcionando.
Las principales medidas impulsadas son la creación del Centro de Análisis y Control para evaluar el mapa de riesgos y, como consecuencia de ello, programar rutinas de inspecciones; la descentralización del sistema de recepción de denuncias; la creación del cuerpo de inspectores de verificación de la Ley 118 de seguridad privada; la puesta en marcha, a mediados de marzo, de la Guardia Urbana y de la Policía Comunitaria que orientará su actuación en dos ejes: tránsito y contravenciones y el Programa de prevención y tratamiento de emergencias en coordinación operativa con organismos y empresas de servicios y creación de un sistema de gestión integral de riesgo.
