Imputabilidad: un debate que atraviesa la política y la sociedad

Imputabilidad: un debate que atraviesa la política y la sociedad

Desde diversos ámbitos que van de la política a las organizaciones no gubernamentales, opinaron sobre la opción de bajar la edad de imputabilidad penal.


Hace unos días, el candidato kirchnerista a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, lanzó su propuesta para legislar la responsabilidad penal de los menos de 14 y 15 años. Y estalló la polémica, incluso al interior del propio espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner. Aquí, algunos puntos de vista que trascienden al oficialismo.

 

 

Helio Rebot, legislador PRO

“Legislar sin improvisar”

La inseguridad es un tema de constante preocupación en la Argentina, que atañe y afecta a todos los sectores sociales. Es habitual que en los estudios de opinión esté entre los primeros lugares de las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, su abordaje, más que ser serio y traducible en la aplicación concreta de políticas públicas, se suele instalar de forma espasmódica, al ritmo de la agenda mediática o como triste corolario de algún crimen o hecho de muerte que conmueve a la sociedad.

En la actualidad, algunos dirigentes del oficialismo nacional reaccionaron ante la cercana elección de octubre con dos propuestas concretas: por un lado, la baja en la edad de imputabilidad, y, por otro, el cambio del rumbo en las políticas de seguridad; mandando más policías a las calles del conurbano bonaerense, además de la intervención de la Gendarmería.

Un problema que era negado hace escasos 30 días, casi de manera milagrosa es puesto en el centro de la escena con propuestas y acciones inmediatas. Si bien es auspicioso tal reconocimiento de la situación, se torna de dudosa aplicación por el nivel de improvisación en la implementación.

Sin duda es necesario plantear el debate y posteriormente legislar sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Pero esto implica una gran responsabilidad y un abordaje que tienda a la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad.

No solo el marco normativo debe ser el adecuado, esto es solo un primer paso; la Justicia deberá adecuarse a este nuevo contexto para estar en condiciones de poder asumir una competencia muy delicada y compleja. Más teniendo en cuenta que con el marco legal vigente, en muchas ocasiones los magistrados deben enfrentar situaciones en las que no hay donde alojar a un menor con el debido resguardo y protección que necesita. Es por ello que al legislar sobre la baja de la edad de imputabilidad se deberá contemplar una adecuación de las instancias y dependencias judiciales y lugares aptos para el alojamiento de menores que sean ámbitos de contención y reeducación. Al mismo tiempo, formar al personal que los atenderá sin descuidar la capacitación a las fuerzas de seguridad. Sin ser esta breve descripción, la totalidad de los aspectos que se deben atender para legislar seriamente sobre esta problemática.

Laura Musa, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Fundación Sur

“Con el régimen de la minoridad vigente, los menores de 16 años ya están dentro del sistema penal”

El actual régimen de la minoridad, producto de un decreto de la última dictadura militar –decreto ley 22.278 de 1980–, establece la plena imputabilidad penal para la franja de jóvenes de 16 a 18 años y la discrecionalidad absoluta sin debido proceso y con la mera imputación policial para los menores de 16 años que se encuentren, de acuerdo al artículo primero de la misma ley, en “peligro material o moral”.

Por tal motivo, hoy en la Argentina tenemos adolescentes menores de 16 años que siendo no punibles se encuentran presos en institutos de menores de esta ciudad, como el Instituto San Martín, sin que medie debido proceso ni pruebas, y solo por la decisión arbitraria del juez que tiene la facultad de decidir el regreso del joven a su familia (si pertenece a sectores medios) o el encierro si considera que se encuentra en peligro “material”, determinando una condena con fundamento en la pobreza.

Una ley de Responsabilidad Penal Juvenil presupone, entre otras cosas, que es posible y sobre todo necesario comenzar a considerar a los jóvenes que han infringido la ley penal como sujetos de derechos y de responsabilidades, pero no significa bajar la edad de imputabilidad.

Bajar la edad de imputabilidad supondría crear una ley con un solo artículo que diga que todos los menores de 18 años son imputables, ingresando así en el sistema penal de adultos.

Un Régimen Penal Juvenil, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y a la Constitución nacional, implica fijar una edad mínima por debajo de la cual el Estado renuncia a la facultad de perseguir penalmente.

Un sistema que garantice un debido proceso a aquellos jóvenes que infringieron la ley, una Justicia penal especializada en materia de infancia que disponga medios alternativos de resolución de conflictos y el establecimiento de sanciones que cumplan el principio de proporcionalidad y racionalidad.

Asimismo, la pena privativa de la libertad será considerada como una medida excepcional y de último recurso solo para delitos graves y con un plazo menor que la de los adultos.

El tránsito de la democracia posible a la democracia verdadera no solo se resuelve con buenas leyes, pero si son un marco esencial desde donde comenzar a hacer exigible una sociedad más justa y equitativa. Por lo tanto, un régimen penal juvenil con los estándares internacionales de derechos humanos significará un paso hacia delante en la construcción de ese horizonte.

 María del Carmen Verdú, militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en el Encuentro Nacional Antirepresivo

“Después de las elecciones, el Gobierno profundiza el modelo represivo”

A partir de la lectura de que el triunfo electoral de su exjefe de Gabinete se apoya, en parte, en su perfil de “preocupado por la inseguridad”, el Gobierno nacional, el provincial y su candidato Insaurralde salieron a disputar ese terreno con energía.

El coronel Berni, secretario nacional de Seguridad, anticipó el volantazo: “Las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente”, dijo, y anunció un nuevo “plan de seguridad” con un refuerzo del operativo Centinela, con 5.000 gendarmes y 400 policías federales más al área metropolitana y la transferencia de $85 millones para 700 unidades móviles en la provincia. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, mandó 4.500 efectivos de las FF.AA. a las fronteras noreste y noroeste, en reemplazo de los gendarmes. Más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura.

Scioli e Insaurralde desempolvaron viejos proyectos para bajar la edad a partir de la cual un niño puede ser sometido a un proceso penal. Nunca los oímos pedir con similar énfasis “mano dura” para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles, militares, empresarios y burócratas sindicales.

Replicando la jugada nacional de diciembre de 2010, cuando se creó el Ministerio de Seguridad después de las muertes en el parque Indoamericano, Scioli anunció el desdoblamiento del Ministerio de Justicia del de Seguridad, para el que designó a Alejandro Granados, actual intendente de Ezeiza. Así, dio marcha atrás a lo que, con los mismos argumentos pero en sentido contrario, había resuelto en mayo de 2010, cuando despidió al fiscal Stornelli y juntó ambos ministerios con Casal a la cabeza.

El nuevo ministro viene con nutrido prontuario en materia represiva. En 2003, Granados implementó el programa Tolerancia Cero, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en Ezeiza. Uno de ellos, José Antonio “Oso” Pelozo, conocido en su barrio, Fiorito, como el “Mataguachos”, fusiló, el 3 de junio de 2003, a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en Correpi. Ese es su aporte a la “tecnología” represiva: escuadrones de la muerte para hostigar y matar a los pibes de los barrios.

Sin cambiar la política que llevan adelante desde 2003, ante el traspié electoral, se reinventan y endurecen la represión hacia el pueblo trabajador.

María Elena Naddeo, Presidenta de la Comisión Mujer e Infancia de la Legislatura porteña y actual candidata de Alternativa Popular

“No queremos más pibes en el sistema penal”

La preocupación existente frente a las cuestiones de seguridad llevan a proponer soluciones aparentemente fáciles pero de dudosa eficacia. “Bajar la edad de imputabilidad” es un clásico en el debate político y mediático. Una expresión fuera de época, que deberíamos superar para el bien de nuestra sociedad.

No se trata de criminalizar a los adolescentes de 14 y 15 años de edad ni de enviar a la cárcel a cada pibe que contradice o transgrede la ley. Se trata, en primer lugar, de hacer realidad las políticas de inclusión social y educativa que ya están en marcha para el conjunto de la población, y que todavía no han llegado a los 400 mil pibes que no estudian ni trabajan.

El esfuerzo por la inclusión educativa a través del Plan Fines, las becas para los estudiantes secundarios, los proyectos de adolescencia, los centros de jóvenes, dan cuenta de un Estado activo, de un Estado social. Pero hay que llegar al corazón profundo de las barriadas, y hay que superar el hacinamiento de las viviendas precarias y la violencia de los adultos que expulsa a los chicos a la calle.

Estos dos temas, la construcción de viviendas amplias y accesibles a la comunidad y la disminución de la violencia de género y hacia los niños, niñas y adolescentes, siguen teniendo un retraso importante a pesar de los avances sostenidos en los últimos años.

Para la franja de adolescentes infractores a la ley penal, un reducido grupo comparado con las estadísticas de homicidios cometidos por los adultos, necesitamos debatir fuera del contexto de la campaña electoral nuevas políticas públicas de inclusión real y duradera y un régimen de responsabilidad penal juvenil que corra del texto legal el tema de la edad. Un régimen especial juvenil con las garantías de debido proceso dedicado exclusivamente a quienes cometen delitos contra la vida.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una ley importante y moderna en la materia, puede mejorarse, sin duda, pero lo que en definitiva estamos necesitando para los chicos que están en la calle, para los que sobreviven como pueden aun vulnerando derechos ajenos, para los chicos a quienes el mundo familiar y el Estado no jugaron un rol de inclusión, son estrategias para reparar la situación de extrema vulnerabilidad.

Necesitamos contar con lugares de los cuales los chicos no se quieran escapar. Escuelas técnicas, artísticas, de diversas modalidades, amplias y equipadas, espacios de recreación y deportes atractivos, hogares y centros convivenciales en los cuales puedan acceder no solo a sus derechos básicos, a la alimentación, al techo digno, sino a la protección y a las redes de afectividad y de la familia ampliada.

Seguimos teniendo una deuda ética y social con los pibes en situación de calle, con los pibes en banda heredados de las políticas neoliberales de exclusión. Respondamos primero con políticas públicas, sin debates de un escaso impacto mediático.

 

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