Cuando en 1932 la Villa 31 se instaló en la zona de Retiro, una de las áreas más caras de la Ciudad desde el punto de vista inmobiliario, fue bautizada con un nombre que convocaba a desolación: Villa Desocupación. Unos años después, para cambiar el karma de la castigada barriada, pasó a ser conocida como Villa Esperanza. Está situada allí todavía y es desde siempre objetivo de fuertes discusiones, de fracasados proyectos de radicación y de vivas polémicas, que prometen reavivarse el jueves (el mismo día en que esta publicación esté en la calle), cuando se discuta su reurbanización en la Legislatura.
Pasando los años, a los distintos agrupamientos habitacionales que surgieron en la misma zona, que expandieron los límites de la villa hasta más allá de la traza de la autopista Illia por el este y hasta la calle Salguero por el norte, se los llamó Barrio Comunicaciones, Kilómetro 3, Barrio Güemes, Barrio Saldías, Villa 31, Villa 31 Bis y Barrio Padre Carlos Mugica.
Según el último censo de 2010, en la Villa 31 viven unas 40 mil personas, pero la realidad y la necesidad suelen superar a los censistas, y por estos días estarían radicadas en la zona más de 70 mil.
El proyecto del Gobierno porteño
Si bien en 2007, en su campaña electoral para jefe de Gobierno, Mauricio Macri había planteado la necesidad de erradicar el asentamiento, una vez que llegó a Bolívar 1 su proyecto se transmutó hacia el cumplimiento de la Ley 3.343/09 (Ley Di Filippo), por la cual se decidió su reurbanización. Para ello fue creada la Secretaría de Integración Social y Urbana, que lleva adelante este proyecto.
El 24 de septiembre pasado concurrieron a la Legislatura porteña los funcionarios de esta secretaría para informar sobre la marcha del proyecto en una reunión plenaria de las comisiones de Vivienda, de Planeamiento Urbano y de Presupuesto.
El titular de la Secretaría, Diego Fernández, expuso los lineamientos generales de la iniciativa ante los legisladores y algunos vecinos del barrio, muchos de los cuales se oponen al proyecto. “Generamos junto a los vecinos del barrio mesas de trabajo para la redacción del proyecto de ley. Fueron más de diez versiones diferentes que se analizaron en más de 600 reuniones”, explicó el funcionario.
Como parte del proyecto se implementará un programa de construcción de 1.300 nuevas viviendas, además de un programa de mejoramiento de viviendas existentes, que consistirá en dotar a las unidades de conectividad de infraestructura sanitaria, hidrófuga y eléctrica, con el objetivo de fortalecer el hábitat y favorecer su regularización dominial, ya que los vecinos del barrio no poseen los títulos de sus viviendas.
“El presente proyecto de ley busca como fin que, a través de la documentación histórica del proceso, las conclusiones a nivel técnico y con la participación plena e informada de los vecinos en el proceso de reurbanización, se lleven a cabo políticas públicas que se adecuen a los principios de igualdad social y de género, de no discriminación, de justicia espacial y ambiental; aseguren la adecuada inserción socioeconómica de sus habitantes; doten al Barrio de servicios públicos, infraestructura y equipamientos comunitarios; brinden soluciones habitacionales y seguridad en la tenencia; establezcan condiciones de pago que contemplan la situación económica de los habitantes, dispongan de oferta educativa, sanitaria y de movilidad; contribuyan a la posibilidad real de permanencia en el tiempo de las/os actuales habitantes del barrio, impulsando instrumentos que fortalezcan el arraigo; resguarden la preservación de la identidad barrial y los lazos comunitarios existentes”, se explicó en los fundamentos del proyecto que envió a la Legislatura el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En la propuesta se incluyó además la creación de un Consejo Consultivo para la Gestión Participativa (CCGP) del proceso de reurbanización integrado por el cuerpo de consejeros del barrio, un representante de la Defensoría del Pueblo porteño, representantes de la presidencia y la vicepresidencia de las Comisiones de Vivienda y de Planeamiento Urbano de la Legislatura y un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros, cuya función será evaluar los avances del proyecto.
Los beneficiarios de la nueva urbanización serán los habitantes del barrio que estén registrados en los empadronamientos realizados por la Dirección General de Estadística y Censos entre 2016 y 2018; quienes acrediten ante la autoridad de aplicación residencia permanente en el momento de la posesión definitiva, y quienes no hayan sido beneficiarios de otros programas de vivienda social en los últimos diez años en todo el territorio argentino.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Lía Rueda, Victoria Roldán Méndez, Paula Villalba, José Luis Acevedo, Omar Abboud, Agustín Forchieri, Maximiliano Ferraro, Sol Méndez, María Cecilia Ferrero, Cristina García, Carolina Estebarena, Claudio Cingolani, Daniel Presti, Gonzalo Straface, Paola Michielotto y Ariel Álvarez Palma (Vamos Juntos), Mariano Recalde, Javier Andrade y Paula Penacca (Unidad Ciudadana), Patricia Vischi, Inés Gorbea y Francisco Nosiglia (Evolución), Santiago Roberto y María Rosa Muiños (Bloque Peronista) y Gabriel Solano (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).
Milcíades Peña: “Perdieron y no lo perdonan”
Milcíades Peña, exlegislador peronista porteño y titular del canal Urbana TV, que está radicado en la Villa 31, expresó en una entrevista con Noticias Urbanas que “Rodríguez Larreta avanzó con el proyecto de urbanización, que había sido uno de sus caballitos de batalla, pero empezó a hacer obras sin un plan integral, muy dispersas. Para esto, dejó de lado el proyecto original de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Entonces avanzó liberando terrenos para darles fines determinados, además de reducir arbitrariamente el número total de viviendas, que bajó de 2.500 a 2.200”.
Luego, Peña denunció que, “por medio de la Resolución 208, el Gobierno habilitó la posibilidad de vender las propiedades, con lo que deja al mercado inmobiliario la potestad de apropiarse de las viviendas, que es lo que desean”.
El titular de Urbana TV reveló además que “el Pro perdió todas las elecciones de delegados en la Villa 31 y eso no lo perdonan. Por eso dejaron afuera a muchos vecinos en las decisiones y redoblaron la cooptación de otros para conseguir el aval a un proyecto que excluye a mucha gente. Así, desalentaron la participación protagónica de los habitantes de la Villa 31, que fueron obligados a participar solo como oyentes”.
Peña se concentró además en denunciar que “el Gobierno profundiza las divisiones, desarrolla sus negocios y hace un uso electoralista de las obras. Pactaron créditos por millones con el BID y el Banco Mundial, anunciaron grandes obras que nunca se hicieron. Por ejemplo, anunciaron el traslado de la autopista Illia, para lo cual removieron a algunas familias de sus viviendas, liberando esos terrenos, y finalmente Rodríguez Larreta anunció la suspensión de la obra de traslado porque no era prioritaria”.
“El tema en discusión es el valor de la tierra –continuó el exlegislador peronista–, porque todo lo que es confuso en realidad no lo es, porque el Gobierno y el mercado inmobiliario tienen un plan, que es concretar lo que el exintendente Osvaldo Cacciatore y la dictadura no pudieron, que es quedarse con las tierras. Todos ellos apuestan ahora a la gentrificación, que es la expulsión de los legítimos propietarios de las viviendas por medio de los altos valores de mercado. Ellos deberán pagar una cuota por sus viviendas, a lo que habrá que sumarle los servicios, los impuestos y la suba de los precios cotidianos”.
Peña se refirió también al nuevo edificio que va a erigir en el barrio el Banco Interamericano de Desarrollo, que estará “en el mismo lugar en el que hay un puente peatonal que usa la gente de la villa para cruzar por encima de las vías del ferrocarril. Será un edificio colgante, que va a estar entre la Facultad de Derecho y el Centro de Exposiciones. Será un edificio vidriado desde el que van a ver a la gente de la villa sin ser vistos. Lo curioso es que la gente de la villa va a pagar por sus terrenos y el BID no. Incompresiblemente, el Gobierno les cedió el terreno por 100 años”.
Máximo Prado, sempiterno referente de un sector de los residentes de la villa, se quejó porque desde el Gobierno “le apuntan a la gente pudiente, al turismo, y barren a los pobres bajo la alfombra”. A continuación, cuestionó: “Ahora va a entrar el mercado inmobiliario y así la gente del barrio se va a ir y les va a quedar todo para ellos. Va a disminuir la población y la van a reemplazar con otra clase social. Así es el capitalismo, vienen y te arrasan”.
El dirigente, que preside la Cooperativa Por Tus Derechos, relató a Noticias Urbanas: “Pedimos una reunión con las autoridades para demandar que le adjudicaran trabajos a la Cooperativa, pero nos dilataron la reunión durante un mes y después nos dijeron que fuimos a pedirles plata, cuando en realidad nosotros solo les pedimos trabajo. En realidad, se filtró un audio mío, en el que yo hablé de seguir en la lucha, como lo hice otras veces. Un funcionario me lo hizo escuchar y esa fue la razón por la que no nos dieron ninguna obra. Después, no nos recibieron nunca más”.
Luego, en la primera semana de mayo, Prado fue amenazado por desconocidos en la propia Villa 31 y radicó una denuncia en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 21. Los delincuentes le recordaron: “Sabemos dónde estás trabajando”. “Lo peor del caso es que el trabajo, que era como sereno en un obrador de la empresa CyE, me lo había ofrecido gente del Gobierno. Entonces renuncié, porque de noche, en mi horario de trabajo, había movimientos raros en el depósito de materiales y maquinarias y yo tenía miedo de que me complicaran a mí en esas maniobras.”
El optimismo
La senadora nacional Marta Varela (Pro) recorrió la Villa 31 el 26 de septiembre pasado para conocer el avance de las obras. Varela estuvo acompañada por el secretario de Integración Social y Urbana, Diego Fernández; por el subsecretario de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental, Juan Ignacio Sal Lari, y por el subsecretario de Integración Social y Económica, Tomás Galmarini.
Varela visitó en la ocasión la obra en el polo educativo María Elena Walsh y la de las 1.200 nuevas viviendas para las familias que serán reubicadas, el tejido cloacal y pluvial de la red de agua, el tendido eléctrico, la pavimentación y el alumbrado público de las manzanas 104 y 12 y el mejoramiento integral de viviendas.
En referencia a las obras en proceso, la senadora aseguró: “Si bien todo el gran trabajo que están haciendo desde la Secretaría es importantísimo, destaco lo oportunidad que les darán a los vecinos del barrio de estudiar o terminar sus estudios a partir de la puesta en funcionamiento del polo educativo María Elena Walsh. La política educativa es vital para la plena integración y progreso del barrio”.
Entre los trabajos ya finalizados, Varela pudo ver la puesta en valor de la Feria Latina, los centros de salud, la finalización de algunas manzanas de mejoramiento de exteriores de las viviendas de las calles principales del barrio y el nuevo centro de desarrollo emprendedor y laboral donde antiguamente funcionaba un “kiosco” narco. En este sentido, afirmó: “Me da muchísima satisfacción ver cómo lo negativo puede transformarse en positivo. Pasar de un lugar donde funcionaba un kiosco dedicado al narcotráfico a otro que da oportunidades a los vecinos para progresar nos demuestra los logros que trae consigo la integración urbana y social”.
En la recorrida tampoco se dejó de lado la transformación de la traza de la autopista Illia, en construcción, en un espacio público que conectará la Villa 31 con la Ciudad y la nueva autovía.
Luego de finalizar la visita, la senadora declaró: “Estamos convencidos de que el camino es la integración. Es impresionante el trabajo que están realizando desde el Gobierno de la Ciudad en este recorrido. Creo que todos los vecinos de la Ciudad tienen el derecho de disfrutarla, vivan donde vivan. El proyecto del Barrio 31, sin duda, es una muestra de que queremos una Ciudad para todos”.
