En el marco de la intervención judicial en el Correo Argentino, que ordenó la jueza en lo comercial Marta Cirulli por disposición del procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, Cambiemos denunció la “persecución” por parte del kirchnerismo al expresidente Mauricio Macri.
Así lo aseguraron los dirigentes la oposición en un comunicado que lleva las firmas del exministro de Justicia, Germán Garavano; el exsenador y candidato a vicepresidente por Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto; y el diputado Pablo Tonelli.
En el escrito conjunto afirmaron que “desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Macri y su familia”, y recordaron que el exmandatario “desde hace más de una década se desvinculó de la empresa”.
“Que la Procuración del Tesoro hoy lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal (Gabriela) Boquin, desnuda el interés político que tiene el actual gobierno y la persecución al ex presidente y a su familia”, enfatizaron los dirigentes opositores.
De acuerdo a lo que consta en la causa, la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal “imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
El comunicado completo
El kirchnerismo presiona a la justicia para intervenir Correo Argentino y perseguir al ex presidente Macri
En 1997 el Estado nacional otorgó la concesión del servicio postal a la empresa Correo Argentino (perteneciente sustancialmente a Franco Macri) lo que quedó plasmado en un contrato de concesión por 30 años.
Tanto el Estado como la empresa tenían que cumplir obligaciones. El Estado nacional estaba obligado a controlar la proliferación de correos no autorizados o irregulares, y asegurar que Correo Argentino tuviera la exclusividad del servicio de Carta Documento, el pago de jubilaciones y pensiones, y que fuera el único prestador de servicios postales del Estado.
Por su parte, Correo Argentino debía pagar un canon semestral y comprometerse a inversiones anuales. Durante los primeros 2 años de concesión, Correo Argentino cumplió con todas sus obligaciones y el Estado: con ninguna. Desde el inicio de la concesión, no controló la competencia, no aseguró las exclusividades y no pagó por los servicios postales que utilizaba.
A fines de 1999 los incumplimientos del Estado le significaron menos ingresos a Correo Argentino y entró en crisis. Continuó pagando los salarios de los 11.000 trabajadores y sus familias, pero no pudo cumplir con el canon, lo que derivó en el Concurso Preventivo, en septiembre de 2001. En 2002 la Sindicatura General del Concurso de Correo Argentino confirmó que la causa de cesación de pago de la empresa fue el incumplimiento del propio Estado.
A continuación, veremos cómo desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia.
Hay tres factores que así lo demuestran.
1. El modo en que se le quitaron los activos a la Correo Argentino
En 2003, el mismo año en el que Mauricio Macri oficializó su participación en la política porteña, la presidencia de Néstor Kirchner decidió:
a. Romper unilateralmente el contrato de concesión 24 años antes de su finalización;
b. Apropiarse compulsivamente de los bienes de Correo Argentino por un valor de $330 millones según el informe del Tribunal de Tasación de la Nación que el mismo Estado presentó. Los bienes incluían: planta procesadora del servicio postal y planta potabilizadora de agua en el predio de Monte Grande, máquinas, soportes tecnológicos, sucursales, mobiliario y los recursos humanos. Tan millonarias fueron esas inversiones para mejorar el servicio postal que significaban una suma ampliamente mayor a la que el Estado le reclamaba como deuda.
c. Dejar, en Correo Argentino, las deudas operativas, financieras y derivadas por el canon no abonado para terminar de hundirla. En definitiva el Estado se llevó los bienes y dejó las deudas. La empresa invirtió
cerca de U$S 400 millones y el Estado la despojó de sus activos. Este fue el real y
único vaciamiento.
Estas prácticas de ahogo, confiscación y ruptura de contratos a concesionarios de servicios públicos eran prácticas habituales del kirchnerismo y le costaron al país miles de millones de dólares que en definitiva son afrontados por los argentinos. Ejemplos como YPF o Aguas Argentinas nos costaron cientos de millones de dólares en juicios a favor de las empresas.
2. La infinita duración impropia del proceso
Hace casi dos décadas que el conflicto entre el Estado nacional y Correo Argentino no se resuelve, a pesar de las sucesivas propuestas presentadas por la empresa.
Las consecuencias por parte del Estado en no aceptar las distintas mejoras de propuestas solo han perjudicado al propio Estado y a la sociedad. En 2007 el 80% de los más de 600 acreedores aceptó una propuesta de pago. Se
pidió la homologación del acuerdo. Las sindicaturas lo avalaron. Inexplicablemente el Estado Nacional se opuso y en 2010 la jueza de primera instancia resolvió denegar la homologación del acuerdo.
Ese estiramiento temporal inexplicable fue una estrategia de venganza política y persecución del presidente Kirchner y luego de su esposa para desgastar a Mauricio Macri y sus posibilidades políticas, ya que presentían que era lo que
finalmente fue: un competidor político que terminó ganando la presidencia de la Nación.
Desde hace más de una década que Mauricio Macri se desvinculó de la empresa.
3. La actuación del Estado
En 2016, Correo Argentino, una vez más, presentó una propuesta para pagar. Esa propuesta respetaba los lineamientos propuestos por la Auditoría General de la Nación y por los 9 miembros de las Sindicaturas de Correo Argentino. Todos ellos estaban dispuestos a llegar a una solución para terminar este conflicto.
Sin embargo, la fiscal Boquín, afín a la entonces jefa de los fiscales Gils Carbó, de Justicia Legítima, impugnó esta propuesta aduciendo y esgrimiendo teorías sobre vaciamiento al Estado.
Boquín había mantenido un estricto silencio durante años pero se puso activa en los últimos cuatro años del gobierno de Macri. Lo hizo con argumentos arbitrarios y desde una posición que no corresponde porque no tiene opinión vinculante en el caso pero actúa como si la tuviera.
Para ser más claros, los 9 síndicos del proceso, que son el órgano concursal técnico por excelencia, fueron “ninguneados”. Ellos aceptaron la primera propuesta de la empresa y aún así, las juezas hicieron como si esa opinión no tuviera ningún valor. La voz de la fiscal primó sobre ellos.
La fiscal Boquín le hizo creer a la opinión pública que Correo Argentino quería pagar solamente el 1,2% de la deuda. Calculó ese número con un criterio absolutamente irracional, aplicando tasas altísimas, en forma multiplicada y
potenciada, capitalizándolas mes a mes, hasta el año 2032, para arrojar una cifra descabellada que conmocionó a la opinión pública.
La acción de Boquín fue sostenida por una operación plagada de mentiras y falsedades de medios y periodistas afines al kirchnerismo y se convirtió en el escándalo público conocido por todos.
A la fiscal, ahora se suma el rol del Poder Ejecutivo Nacional quien está pidiendo la intervención y la quiebra de Correo Argentino y del Grupo SOCMA, propiedad de la familia del ex presidente Mauricio Macri. El proceder hostil del Estado Nacional se acelera y se expande.
Hoy no hay explicación legal para que la Procuración del Tesoro siga con el caso. Concursos como el Correo hay varios en los que el Poder Ejecutivo es acreedor. Pero en ninguno la Procuración es la representante en el juicio por parte del Estado como lo es ahora.
Que la Procuración del Tesoro hoy lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal Boquin, desnuda el interés político que tiene el actual gobierno y la persecución al ex presidente y a su familia.
Hoy, está en juego la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques, ni venganzas. Está en juego tener una Justicia independiente, sin interferencias políticas. Está en juego un país donde todos
seamos iguales ante la ley y que el Estado no haga uso político de las instituciones para perseguir a la familia de un ex presidente.
Informe firmado por Germán Garavano, Miguel Ángel Pichetto y Pablo Tonelli