En los dieciséis días que lleva el 2019, nueve mujeres fueron asesinadas solo por ser mujeres. La violencia de género es una epidemia que se presenta en todas las culturas del mundo y en toda la historia. Incluso la ONU dice que la violencia de género es una Pandemia, definida cómo “enfermedad que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región“.
Pero si en Argentina todos los días hay un femicidio y abuso sexual, ¿es realmente una enfermedad o es la norma? Durante 2018, un varón asesinó a una mujer cada 32 horas, en más del 60 por ciento de los casos el victimario era una pareja o ex pareja y la víctima ya lo había denunciado ante la justicia.
La mayoría de las víctimas (más del 60 por ciento) tenían entre 19 y 50 años; más de 15 por ciento era menor de 18, 22 por ciento era mayor de 51 y en 3 casos no hay registro de la edad.
Además, 250 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 67 por ciento son menores de edad.
En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:
- violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
- violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
- trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
- mutilación genital, y
- matrimonio infantil.
El aleccionamiento sobre el cuerpo, deseo y goce de la mujer fue y es sistemático, y es condición de sostén de la cultura capitalista donde reina la división sexual del trabajo y los roles. La supremacía del varón blanco heterosexual que concentra la mayor riqueza y los mejores puestos de trabajo relega a la mujer a confinar su vida al ámbito privado del hogar, donde la maternidad será su trabajo, aunque no remunerado.
Existen tres grandes áreas donde la violencia de la mujer está expuesta a la violencia: derechos sexuales y reproductivos, paridad y economía
Derechos sexuales: derecho a la interrupción voluntaria del embaraza. Se trata del derecho de las personas con capacidad gestante a gozar de una sexualidad libre y una maternidad consentida sin imposiciones, coerciones o violencia. En nuestro país, se producen 41 abortos por hora, el 95% en condiciones inseguras, según el Ministerio de Salud de la Nación. Como consecuencia, el aborto clandestino es la principal causa de muerte de las personas gestantes desde el retorno de la democracia.
Paridad: la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es una exigencia básica de justicia o democracia. Según el relevamiento realizado por el Foro Económico Mundial, publicado el 1 de noviembre, en 2017, la Argentina cayó un puesto en el ranking de paridad de género (del puesto 33 al 34 entre 144 naciones relevadas).
Economía: en la Argentina, las mujeres ganan hasta 30% menos que los varones por realizar la misma tarea.El 76% de las tareas de trabajo doméstico (limpieza, cocina, compras, entre otras) y de cuidado recae en las mujeres, y ellas les destinan el doble de tiempo que los varones (6,4 frente a 3,4 horas diarias) generándoles dobles o triples jornadas laborales. Esta injusta distribución de las responsabilidades de cuidado condiciona también su participación en otros ámbitos externos al hogar (educación, por ejemplo).
Celeste Castillo fue el primer femicidio que se registró en 2019. Su pareja, el oficial Héctor Montenegro, la mató de dos balazos, con el arma reglamentaria. Después se suicidó. Fue en el barrio Borges de Santiago del Estero. Celeste tenía 25 años.
Joselín Nayla Mamani tenía 10 años y fue asesinada de 32 puñaladas (17 en la cara y 15 en la espalda). Su madre la encontró muerta en la cocina de su casa, en Longchamps, partido de Almirante Brown. Fue un femicidio vinculante (matar para hacerle daño a otra mujer) y los sospechosos son tres ex parejas de su madre.
En La Plata, Juan José Ojeda asesinó de seis puñaladas a su vecina, Silvia Tehl Ricci de Canali, de 61 años.
A Gisel Romina Varela, de 33 años y agente de la Policía Local de Mar del Plata, la mató su ex pareja, Sergio Alejandro Cejas, en una parada de colectivos de Mar del Plata. En la cartera de Gisel la Policía Científica encontró un papel: era la restricción perimetral contra Cejas.
En la misma ciudad balnearia, los vecinos de Susana Yas, de 77 años, fueron quienes avisaron a la Policía: vieron un charco de sangre en la puerta de su casa. Los investigadores sospechan que Susana fue atacada en el ascensor y después arrastrada hasta el cuarto donde la encontraron la muerta. Descartaron la hipótesis del robo y sospechan del entorno familiar.
Daiana Moyano salió de trabajar y se tomó el colectivo 68 para volver a su casa del barrio Ciudad Mi Esperanza, en Córdoba. Como el colectivo se desvió por la tormenta y el mal estado de las calles, llamó a su mamá para que le avise a su marido que la vaya a buscar a la parada. El marido fue pero nunca la encontró. Quiso denunciar, pero le dijeron que tenía que esperar 24 horas. Salió a buscarla. La encontró en un descampado, muerta. Tenía 24 años. La Policía detuvo a un vecino del barrio.
Como no quiso darle dinero, Juan Echegaray atacó a su madre, Liliana Loyola, de 64 años, y después la prendió fuego. Ocurrió en el barrio Aramburu, en la provincia de San Juan, el 29 de noviembre del año pasado, pero ella falleció el 9 de enero en el hospital. El hijo estuvo prófugo varios días.
Valeria Juárez, de 32, fue asesinada de un escopetazo por su padre, Elías Juárez, en Chaco.
Agustina Imvinkelried estuvo desaparecida un poco más de 24 horas en Esperanza, Santa Fe. Las cámaras de seguridad de un boliche la registraron saliendo de allí, a las 5.54 de la madrugada. La encontraron muerta, semienterrada y cubierta de bolsas y ramas, a 200 metros del boliche. Tenía 17 años. El hombre con el que la vieron esa madrugada se suicidó.
Danisa María del Luján Canale, de 38 años, fue asesinada a martillazos por su pareja, Jorge Egidio Trossero, en Gálvez, provincia de Santa Fe. El hombre llamó al 911 y dijo que había matado a su mujer. Ella murió horas después en el hospital. Él quedó detenido.
Presupuesto 2019
El Congreso sancionó un Presupuesto sin perspectiva de género y realizó un exhaustivo ajuste en los programas destinados a erradicar la violencia machista, a la ley de educación sexual integral y al programa lucha contra el sida y enfermedades de transmisión sexual e infecta contagiosas.
El Instituto Nacional de la Mujer (INAM), a cargo de Fabiana Túñez, obtendría en apariencia un 10% más que en 2018 y tendrá a disposición $234.394.881 en términos reales. No obstante, pierde con la inflación que se proyecta rondará un 34,8%. O sea que en realidad no gana 10%, sino que pierde 18%.
Por otra parte, otra vez el doble discurso pero en este caso en el Plan Nacional de Acción contra la Violencia (PAN). Aunque obtendría un aumento de 30 millones de pesos, el Plan que depende del INAM, también sufrirá las consecuencias del presupuesto de ajuste. Así surge de la ausencia de partidas detalladas para los Hogares de Protección Integral para los que fue creado, y también del recorte que tendrán las líneas 137 y 0800 que dependen del Ministerio de Justicia, que aunque tendrán un aumento nominal del 2%, perderán en términos reales un 25%: otro recorte enmascarado en la forma de un supuesto aumento.
Derechos sexuales y reproductivos
La lucha de la marea verde mostró que la educación sexual y la anticoncepción gratuita, de la que tanto hablaron los diputados “celestes” como “salida” al aborto”, nunca contaron con el presupuesto necesario para garantizar todo lo que implica acceder a estos derechos, reconocidos por ley.
Previo al año electoral, y tomando nota del enorme descontento que causó el rechazo del Senado, el macrismo anunció que el programa de “Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral”, recibirá 102.9 millones de pesos. La cifra representa tan solo una tercera parte de lo que se va a destinar a la refacción de tres iglesias, según el mismo presupuesto (la basílica de San Francisco de Asís, la parroquia San Pedro González y el Descanso del Peregrino de la basílica de Luján).
Algo similar sucede con los programas de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable” y de “Prevención del Embarazo Adolescente”. Otra muestra del ataque que significará para la juventud el presupuesto que ya cuenta con la media sanción.
En contraste, los montos destinados a la atención de las consecuencias de los abortos clandestinos, o para aquellos que se realizan legalmente, bajo los casos que estipula el Código Penal, serán de cero (0) pesos.
Diversidad sexual
Las partidas para garantizar los programas de diversidad sexual serán de poco más de 3 millones de pesos, también con un ajuste brutal que pierde con la inflación. Un informe muy importante que hizo el colectivo 100% Diversidad y Derechos destaca el recorte al “Programa lucha contra el sida y enfermedades de transmisión sexual e infecta contagiosas” que pone en riesgo la continuidad de tratamientos y en consecuencia, afecta la vida de miles de personas viviendo con VIH.
Además, algo muy interesante que muestra este informe, es que a septiembre de 2018 el ex Ministerio de Salud sólo ejecutó el 39% de la partida asignada: $863 millones de los $2.217 millones que se preveían gastar este ejercicio. Este nivel de subejecución es particularmente alarmante si tenemos en cuenta que a esta altura la mayoría de los Programas tienen una ejecución por encima del 65%. En cuanto al 2019, para este programa se designaron 62 millones de dólares, un 53% menos que los 117 millones de dólares asignados en 2015.
Qué pasa con las trabajadoras y las mujeres más pobres
Del total del “presupuesto de género”, el programa “Hacemos Futuro Juntas” (ex Ellas Hacen) es el que recibirá la tajada más grande: el 66% de esa partida, poco más de 3.6 millones de pesos. Un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) muestra sin embargo que este programa dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, recibirá en términos reales un recorte del 44%.
También sufrió un ajuste la promoción del empleo para las mujeres que afectará particularmente a “las jefas de hogar con hijos discapacitados o tres o más hijos a cargo, o que padecen violencia de género, y viven en villas y asentamientos o barrios emergentes, o se encuentren en situación de calle, o pertenezcan al colectivo trans”, que es a quienes está dirigido este programa.