El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a fines del año pasado, presentó un proyecto de ley para crear una Universidad dedicada a la formación docente –UniCABA-, que reemplace a las Escuelas Normales Superiores, las Escuelas Superiores de Educación Artística, los Institutos de Educación Superior de Formación Docente y la Escuela de Maestros, transfiriendo sus patrimonios, personal docente y no docente, matrícula y sus correspondientes partidas presupuestarias.
La iniciativa del Ministerio de Educación porteño fue cuestionada por especialistas de todos los sectores, inclusive los vinculados al oficialismo, también recibió el rechazo unánime de las autoridades, docentes y alumnos de los profesorados y escuelas. El mismo resultado tuvo entre los bloques legislativos, nadie adhirió a la propuesta oficial.
Luego de meses de cabildeos, la cuenta de twitter de la comisión de educación de la legislatura de la ciudad, nos informó a quienes la integramos que había un nuevo proyecto del que sólo sobrevive el nombre, UniCABA. Un renovado texto que contradice el anterior, plantea ahora que el actual sistema convivirá con una nueva universidad local que desarrollará actividades que ya realizan otras instituciones públicas y privadas.
Las políticas educativas se distinguen porque los cambios que se impulsan, cuando son profundos, impactan recién en el mediano y largo plazo; una mayoría parlamentaria circunstancial permite promoverlos, pero si lo que se busca es alcanzar los objetivos declarados, se requiere de amplios consensos con quienes deberán implementar los cambios y con los que pueden resultar alternancia en la gestión.
Resulta imposible disentir con el planteo de “mejorar la formación docente” con el objetivo de “mejorar la educación”. Para lograrlo se requiere un diagnóstico preciso que marque las fortalezas y debilidades de lo hecho, un camino que indique cómo y por qué los cambios que se promueven lograrán hacerlo, el financiamiento con el que se contará y las metas que deberán ser alcanzadas con los plazos de implementación. Nada de esto sucede en este caso: al aislamiento que logró la propuesta lo sobrevive sólo el título de UniCABA y la búsqueda de un articulado que le permita llegar a ser ley, pero no es concebible una política pública en la que el nombre sea más importante que su contenido, a la vez que la actual crisis económica obliga a ser responsables fiscalmente a la hora de aumentar el gasto público; máxime esto si tenemos en cuenta la transferencia de servicios que la nación le hará a la ciudad sin el respectivo presupuesto.
La Formación Docente debe y puede ser mejorada de forma continúa y, como dijimos en la campaña legislativa de Evolución, consideramos relevante la participación de la Universidad pública en esta tarea como, por ejemplo, lo hace la Facultad de Derecho de la UBA, que creó el profesorado de Ciencias Jurídicas y coexiste con el del Joaquín V. Gonzalez, o la recientemente creada -y autorizada a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires- Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE; con igual objetivo, herramientas y área geográfica de incumbencia que la propuesta de UniCABA.
Sin embargo el sistema educativo es mucho más amplio que lo abarcado por la formación docente. En el rendimiento de alumnas y alumnos influyen diversos factores que todo proceso transformador debe considerar. Según el resultado del último operativo “aprender” son determinantes el nivel socioeconómico, el contexto social, la asistencia al nivel inicial y si el establecimiento educativo es de gestión estatal o privada. La educación que tenemos no prepara para el futuro a todas y todos por igual, la mayoría de los estudiantes no comprende lo que lee y tiene un bajo rendimiento en matemáticas; mientras que el lugar y las condiciones de vida definen la calidad del acceso y permanencia cuando se ejerce el derecho a la educación. Son maestros formados en los mismos establecimientos los que tratan de llevar adelante su labor en condiciones distintas aunque con iguales herramientas que no consideran las diferencias que existen.
Desde que se promulgó la constitución porteña en 1996, la ciudad tiene pendiente la sanción de una Ley de Educación; cumplir la manda legal es una deuda y saldarla es una obligación que nos brinda la oportunidad de ponernos de acuerdo en cómo vamos a disminuir la brecha de la desigualdad, e introducirnos en un proceso de avances progresivos de un sistema educativo que debe preparar para integrarse con oportunidades al futuro. Para mejorar el rendimiento de la educación es esencial hacerlo también con la Formación Docente, pero no se logrará sin definir primero el contexto general en el que se aplicarán los cambios asumiendo los compromisos presupuestarios indispensables para implementarlos.
La planificación de las acciones que se lleven adelante trascienden los límites temporales del gobierno que las inicie, con el objetivo de darles estabilidad y transformarlas en “políticas de estado”, concepto mucho más amplio y sólido que el de “políticas de gobierno”, deben ser fruto de un amplio consenso político y social que se obtiene solo si todos estamos dispuestos a ceder algo.
Construir acuerdos sobre la educación es tal vez el desafío más importante que tiene el gobierno y la sociedad, su ausencia es uno de los principales déficits y es también una de las causas más profundas de la desigualdad en la ciudad. Dialogamos con el gobierno, reconocemos el esfuerzo en este sentido y también lo hacemos con el resto de las fuerzas políticas y con la comunidad educativa para alcanzar esos consensos. Promovemos que sea prioritario y amplio el debate para sancionar una ley de educación. Luego habrá tiempo para debatir la formación docente una vez que acordemos el rumbo general del sistema.
Porque primero está lo primero, primero la educación.