El lunes 30 de octubre, el Presidente, luego del triunfo electoral del domingo 22, congregó a un vasto auditorio de gobernadores, sindicalistas, integrantes del Poder Judicial y opositores políticos con el fin de dar lugar al lanzamiento real de su gobierno (el mismo que no realizó el 1 de marzo de 2016), dando a conocer pautas de las reformas a llevar adelante. Me ocuparé de tratar lo más fácilmente posible las económicas: previsional, laboral e impositiva.
1. Con referencia a lo previsional, comunicó que “debería ajustarse la fórmula por la cual se calculan las jubilaciones y pensiones y su debida actualización que hoy se realiza mediante la Ley de Movilidad Jubilatoria y la correspondiente edad de acceso”. Ante esto, corresponde aclarar que cambiar el cálculo de las jubilaciones y pensiones futuras significa, como ya lo dejó evidenciado el actual director ejecutivo de la Anses, que sería con valores menores a los actuales; mientras que al cambiar la Ley de Movilidad Jubilatoria por simplemente una actualización por el coeficiente del IPC del Indec significaría que nuestros abuelos dejarían de ir recuperando poder adquisitivo en su canasta familiar. En lo que respecta a subir la edad jubilatoria a 65 las mujeres y 70 los hombres, se generarían cuellos de botella en cuanto al acceso de los jóvenes al mercado laboral actual.
2. En lo que hace a la reforma laboral, propone “eliminar aportes patronales de los salarios menores a $10.000 para facilitar el acceso a la economía formal”. Esto genera problemas, como ya tuvimos en los años 90, de desfinanciamiento del sistema previsional. Debemos saber que cerca de la mitad de los trabajadores aportantes (cuatro millones de personas) se encuentran con menos de 10 mil pesos de ingresos declarados y dejarán de aportar al sistema de jubilaciones, por lo que caeríamos en una desfinanciación del sistema que tendría que ser absorbida por el sistema tributario en su totalidad. Esto no genera blanqueamiento sino incorporación de nuevos trabajadores por debajo de ese monto.
3. En lo impositivo, proponen eliminación de tributos como el ITI (Transferencia de Inmuebles), al Cheque, Internos a celulares y autos/motos de gama media; disminución de impuestos a las ganancias a las empresas, aplicación de alícuotas reducidas a los que reinviertan sus ganancias; creación de impuesto a la contaminación ambiental, se grava la renta financiera en forma disímil si es en dólares o pesos. En forma conjunta con esto, la Nación negocia con las provincias la reducción de Ingresos Brutos y Sellos y la eliminación de las “aduanas interiores”. Llevar a la eliminación del impuesto al cheque no es tan conveniente porque se deja de tener un dato testigo de la actividad económica real, para cotejar el nivel de evasión fiscal se puede reducir al 0,2 por ciento total. La eliminación de tributos internos a autos/motos y celulares no es necesaria porque no son artículos de primera necesidad. En cuanto a la reducción de alícuotas en Ganancias, es impracticable y se debería realizar una desgravación de la reinversión de utilidades. Gravar la renta financiera está bien, pero no se puede hacer en forma diferencial según tipo de moneda porque no cumpliría el requisito de equidad; debería ser a la misma tasa. La creación del impuesto a la contaminación ambiental sería de avanzada en la parte tributaria no solo en nuestro país sino incluso en toda América, pero se debe ser muy cuidadoso al generarlo puesto que podemos administrarlo. Lo más difícil será controlarlo y para ello debe ocuparse el Ministerio de Medio Ambiente. En el tema del pedido a las provincias, ya la Constitución nacional de 1853 prohibía taxativamente la existencia de “aduanas interiores” y la negociación de Ingresos Brutos y Sellos no tiene razón de existir porque las provincias se comprometieron a eliminarlos en el Pacto Fiscal por la Educación y la Salud que rubricaron en 1992 bajo el mandato presidencial de Carlos Saúl Menem.
Al ver el tema laboral, lo más importante es que el sistema no genere situaciones de desfinanciamiento. Y es lo que generará. Para evitar eso es necesario entender que la mayoría de las pymes proveen el 80 por ciento del trabajo real y que, de ese número, cerca de la mitad son trabajadores por cuatro horas de trabajo, lo cual da valores de convenio menores a 10 mil y dejarán de abonar las cargas patronales. Al generar este desfinanciamiento, obligatoriamente el sistema de impuestos debe ir en solidaridad con el previsional; aquí la solución sería aplicar un descuento de un porcentaje de lo abonado en seguridad social contra el IVA, discriminando si es gran empresa, pyme o menor.
En el sistema previsional debe llegarse al 82 por ciento móvil a los jubilados y pensionados, tal como el Presidente expresó que lo iba a llevar a cabo durante su campaña electoral y no borrar con el codo lo que escribió con la mano y se comprometió con la población. La Ley de Movilidad Jubilatoria es una muy buena ley surgida desde la gestión anterior, que les permite a nuestros abuelos no solo no perder con la inflación sino hasta en algunos casos recuperar poder de compra.
*Economista, docente universitario FCE-UBA, titular del Estudio CFI y disertante