Los porteños sufrimos las problemáticas más variadas en cuanto al devenir diario, por estos días afrontamos la suba de la tarifa de subte, que según el macrismo, se debe a los índices inflacionarios, sin embargo, al respecto las cuentas le salen mal. Desde que la Ciudad se hizo cargo del servicio de subterráneos aumentó la tarifa en un 309% y la inflación de 2013, por ejemplo, fue de 26,6% (según mediciones del IPCBA).
No somos los únicos que vemos inconsistencias en este aumento. La jueza Elena Liberatori hizo lugar parcialmente a un recurso de amparo contra el aumento, y dispuso adecuar la nueva tarifa porque la considera “no equitativa”.
Además no nos olvidemos que Metrovías recibe por parte del gobierno porteño subsidios por un valor de 1.000 millones de pesos más los 1.200 millones para inversiones.
No debe utilizarse a la inflación como excusa para encarecer el boleto, el subte es un servicio social y un bien público. Ese concepto, el macrismo no lo contempla en ninguna dimensión de los servicios que usan los porteños en la Ciudad.
El jefe de gobierno sabe que en las seis líneas de subte viajan en promedio 21.006.610 pasajeros por mes, un número que implica un gran negocio y deja una importante recaudación a Metrovias. A la lógica del macrismo le cuesta mucho despegarse del mercantilismo y considerar al subte como un transporte público de pasajeros. El subte es un instrumento con una importante función social ya que, para determinados sectores de la población, es el único medio de transporte financieramente accesible para sus desplazamientos cotidianos, como también, una fuente de libertad y movilidad.
Desde la CC ARI en UNEN trabajamos para destacar la función social que tiene este tipo de transporte y porque es el medio más rápido y eficiente en una gran ciudad como la nuestra que suele estar colapsada por el tránsito vehicular.
El año pasado presenté un proyecto de ampliación de la tarifa social destinada también a beneficiarios de planes sociales nacionales y no solo porteños; desempleados; quienes cobren salario mínimo, veteranos de Malvinas y a docentes de escuelas públicas, entre otros, quienes tendrán una reducción del 60% sobre el valor del boleto. Así como la ampliación de horarios de funcionamiento del mismo.
Estos proyectos buscan que la política de ampliación del subte, mejora del servicio y de frecuencias no sea una política discrecional de un gobierno de turno, sino que realmente sea tomada como una política de estado. Queremos que la Ciudad de Buenos Aires crezca, avance y mejore su tránsito y seguridad vial, para eso se debe fomentar al subte y respetar el presupuesto de los pasajeros que usamos diariamente este servicio. Esto se convierte en política de estado tratándose en la Legislatura, donde está la representación de todos los sectores políticos.