Parque de la innovación: el Estado al servicio del negocio privado

Parque de la innovación: el Estado al servicio del negocio privado


El debate de este proyecto no puede estar descontextualizado del de la política de ataque a la investigación científica y tecnológica a cargo de organismos del estado y universidades públicas, que viene desarrollando el gobierno nacional, del mismo signo que el de esta Ciudad. Ciencia y Técnica son uno de los sectores que ha sufrido el ajuste del gobierno y el FMI. Prometieron el 1,5% del PBI y solo presupuestaron 0,25%. La sexta parte. Uno de los más bajos del mundo. De los 2.500 doctores en Ciencia que se postularon para ingresar este año a la carrera del investigador del CONICET, solo ingresaron 450, un 17%. Quedaron afuera 2.000 y sin perspectivas de trabajo. Y los que lo hacen viven en condiciones de precariedad laboral, años sin mínimos derechos. Pero a la baja del presupuesto en ciencias y educación se suma el derrumbe de los Institutos como el INTI de tecnología industrial, que viene de sufrir el despido injustificado de 250 de su personal especializado, del INTA de tecnología agropecuaria, del SENASA o de los centros de investigaciones espaciales, de energía atómica y tantos más.

Tampoco puede estarlo de la amenaza de cierre de los 29 profesorados de nuestra Ciudad para ser absorbidos por la UniCABA, rechazada por estudiantes y profesores durante todo el 2018. y que todavía pende como una amenaza para la formación docente de nuestra ciudad. El proyecto que sigue al del ente, de entrega de tierras a universidades deja abierta la inclusión de nuevas y esto podría reabrir el silenciado proyecto de incluir en este parque a la UniCABA.

Menos aún lo puede ser de la amenaza de cierre de las instalaciones del CENARD y del Romero Brest en los vecinos terrenos del ex tiro federal donde habría de instalarse el Parque de la Innovación.

No estamos frente un proyecto para el desarrollo de investigación en ciencias y tecnología. Detrás de la palabra innovación, que curiosamente también hoy denomina al actual Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se esconde el propósito de disponer de recursos presupuestarios del estado, tierras y créditos públicos, reducción de cargas laborales y exenciones impositivas para favorecer el uso de lo ya investigado e inventado en ciencia y tecnología por las jóvenes generaciones de egresados de las universidades para beneficio del negocio de empresas privadas.

En eso y no otra cosa consiste el Parque de la Innovación. El proyecto de ley de creación del Ente para el gobierno del futuro parque es subsidiario de la Ley 5558 de 2016 por el que esta Legislatura votó la privatización de las 12 hectáreas que ocupaba el Tiro Federal.

La venta del polígono A de este predio, subastado en 2018 a $1.000 dólares el m2 al Buenos Aires Landmark de la familia Werthein (La Caja de Ahorro y Seguro, entre otros) y de la familia Sielecki, el mismo que quiere apropiarse de los terrenos del Romero Brest y del Cenard para un complejo inmobiliario, y que podría ser capitalizado a $6.000 dólares el m2. Werstein tiene 4 años para pagar. Nos gustaría saber si su deuda con el gobierno de la Ciudad está pesificada al momento de la compra, lo que configuraría un negocio doble para este empresario en el marco del actual curso devaluacionista de nuestra moneda.

El Parque se construiría en el polígono C que cuenta con 120.000 m2, de los cuales podrían venderse en su mayor parte a empresas y universidades privadas. Según el art. 15 solo la quinta parte de los m2 construibles, no del terreno, serían para dominio de la ciudad.

La ley 5558 proveyó de la tierra, pero también la posibilidad de créditos del Banco Ciudad para la construcción de los edificios del parque según establece el artículo 23 de la misma.

Pero además, este proyecto es subsidiario de la recientemente sancionada por el Congreso Nacional, ley de Economía del Conocimiento que propone propone beneficios a las empresas dedicadas a actividades como el software, los servicios audiovisuales, los servicios de prospección, la nanotecnología y nanociencia, la biotecnología, bioética, bioeconomía, industria aeroespacial y satelital, ingeniería nuclear, producción de productos y servicios que utilicen tecnología 4.0 y los servicios profesionales exportables.Una ley a la medida de las grande empresas como Globant, Mercado Libre, Accenture, vinculadas a estas actividades.

Esta ley reduce las contribuciones patronales por empleado, otorga un bono de crédito fiscal para cancelar impuesto a las ganancias y/o al valor agregado, reduce el impuesto a las ganancias al 15% de todas las actividades de las empresas que se inscriban en el Registro de actividades beneficiadas por esta ley, aunque no todas sean vinculadas a las mismas. Permite la deducción en calidad de taxcredit de los impuestos pagados en el exterior por las exportaciones de una empresa que por lo menos el 70% sea de los productos promocionados por la ley. Pero además, las empresas se beneficiarán del congelamiento de las cargas tributarias por varios años.

Con salarios devaluados a sus empleados, y favorecidos por esta liberación impositiva, estas empresas como Globant está vendiendo sus productos tecnológicos a Google, Linkedin, Dell, Yahoo, Electronic Arts y The Walt Disney Company a precios de favorables a estos pulpos. En el mundo de la informática, se cuenta que las luchas salariales en la India, uno de los centros de expoliación de cerebros por parte de las grandes empresas en computación, estaría dejando de ser rentable y por eso buscan nuevos Silicon Valleys, motivo por el cual estarían mirando a Buenos Aires y Argentina, con un potencial humano barato y capacitado. Accenture, actualmente asentada en Parque Patricios, el distrito tecnológico que por ley 2972 de esta Legislatura ofrece exención de pago de ingresos brutos, de impuestos inmobiliarios, de ABL, de generación de residuos sólidos, así como líneas de crédito del Banco Ciudad, provee de servicios de inteligencia artifical y de la nube al 75% de las empresas más poderosas del mundo. Mercado Libre, la empresa de más valor de Argentina, más que la histórica, Techint, cuenta con la promesa del futuro nuevo presidente, Alberto Fernández, de que le reconocerá acuerdos laborales establecidos directamente con sus empleados por fuera de los convenios de la rama correspondiente

El Parque de la Innovación era el eslabón que faltaba a este diseño de expoliación de lo producido por el cerebro de nuestros científicos y técnicos, en un ingenioso diseño de precarización laboral. El Parque sería la gran isla de incubadoras y de aceleradoras de empresas que entregarían las creaciones de jóvenes científicos y desarrolladores de tecnología, precarizados, a los llamados inversores de estas usinas, que no son sino los que luego las usarían en las empresas beneficiadas por la nueva Ley de Economía del conocimiento.

Los jóvenes científicos y desarrolladores de tecnologías trabajarán como emprendedores, sin salario ni protección laboral. Una especie de «uberización» de la innovación en tecnología. Con la ilusión de contar luego con el apoyo de inversores si les aprueban el proyecto y pasan de las incubadoras a las aceleradoras y de estas a la producción. Solo el 5% de estos proyectos en el mundo son exitosos en la producción. Los grandes inversores han logrado un nuevo gran diseño. Ya no pagan investigación ni ensayos. Solo los productos ya probados. Luego deciden sobre la comercialización de esas innovaciones y que podrían venderse al exterior, con la fabulosa exención impositiva para exportar, o importar, aliviada del pago de cargas sociales a sus trabajadores, y de ganancias según la recientemente reglamentada Ley del conocimiento.

El broche de este diseño es el Consejo que formaría el Ente. De sus 9 miembros, 4 son designados por el gobierno, 4 son de universidades y empresas privadas y uno lo es de alguna universidad pública. La producción del conocimiento requiere organismos públicos autárquicos del poder político como son el INTI, INTA, o las universidades. Este formato es absolutamente funcional a sus propósitos.

Por todo ello proponemos su archivo y convocamos a abrir un debate con la comunidad científica y de desarrolladores de tecnología de las universidades públicas para un diseño de política de estado para el desarrollo de propuestas científicas y técnicas al servicio de las necesidades de la población y no de las empresas privadas, en nuestra ciudad y en el país.

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