En la Argentina está en vigencia la Ley Nacional de Educación 26.206, sancionada en diciembre del año 2006, que en su Artículo 16 extiende la obligatoriedad de la escolaridad desde los cinco años hasta finalizar el nivel de educación secundaria. La presidenta ha anunciado en el día de ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley Nacional de Educación incorporando a la educación obligatoria a niñas y niños desde los cuatro años de edad.
Es una buena noticia que se proponga extender en la Ley la obligatoriedad escolar a las salas de 4 años, como ya plantea la Ley de la Provincia de Buenos Aires. El problema es justamente que no se garantiza el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo ni una educación de excelencia sólo con las leyes si no se realizan políticas públicas activas con presupuesto para construir aulas, formación docente, incorporar tecnología y un proyecto pedagógico que convoque al compromiso de los docentes y de la comunidad toda.
La misma Ley de Educación actual plantea que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben promover la educación inicial desde los 45 días y “universalizar los servicios educativos para los niños de cuatro años” (artículo 19). Sin embargo ocho años después no se universalizó la asistencia de niñas y niños a la sala de 4 años. Según datos del Censo 2010 sólo el 55,2% de los niños asisten a salas de 3 y 4 años. ¿Cómo se va a garantizar ahora su obligatoriedad si no se construyeron las escuelas ni se formaron docentes?
En la Ciudad de Buenos Aires, una jurisdicción rica con un presupuesto de 70 mil millones de pesos, no estamos mejor. El macrismo redujo el presupuesto educativo y en infraestructura escolar. Todos los años faltan 7.000 vacantes para garantizar la asistencia de los niños a la educación inicial, y aún con las obras proyectadas estarían faltando 4.500 vacantes según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que presentó un recurso judicial por el acceso a la educación inicial. Según datos de otras organizaciones no gubernamentales, la no asistencia de los niños a la educación inicial repercute en sostener desigualdades de género ya que somos las mujeres las que en un 76% nos ocupamos del cuidado y la educación de niñas y niños menores a los 13 años (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ELA).
El ejemplo más claro para contrastar discursos y propaganda con realidad es la educación secundaria, que por Ley de Educación Nacional debiera ser obligatoria. En la última década los jóvenes que no estudian ni trabajan aumentaron hasta llegar al 40% de la población que se ubica entre los 15 y los 24 años, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 24 años no tiene secundario completo.