En los últimos días se ha presentado un proyecto bajo el nuevo formato de "iniciativa privada". Varios grupos económicos le han presentado al Gobierno nacional un ambicioso proyecto inmobiliario denominado Puerto Madero II.
En épocas de crecimiento, donde lo que se busca es atraer capitales y fomentar la inversión, esta noticia debería llenarnos de optimismo. Sin embargo, hay un detalle que no se tuvo en cuenta, este proyecto inmobiliario está previsto sobre terrenos públicos, exactamente sobre la franja operativa de la Dársena F. Es decir: para la concreción de este mega emprendimiento el Estado deberá enajenar una de las pocas zonas estratégicas de crecimiento para la operación portuaria que involucra no solo la actividad de las areneras, sino que representa uno de los enlaces privilegiados para la conexión ferroviaria desde Retiro hasta la zona de terminales. Dicho muy gráficamente, completar las parrillas ferroviarias desde Retiro a la zona de muelles posibilitaría el acceso de la carga desde diferentes puntos del país hasta la bodega de los buques sin necesidad de su trasbordo en camiones.
Actualmente, la incidencia total del transporte ferroviario en el puerto es de sólo 6%. Por cada punto de incremento de la modalidad ferroviaria sobre el total del transporte, se ahorrarían 190 viajes de camiones por día sobre el tejido urbano. Este sólido argumento debería bastar para comprender la importancia estratégica de la reserva de esta zona para la actividad portuaria y logística. Pero hay muchos otros elementos de peso para no autorizar este emprendimiento:
-El Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está llegando a su capacidad máxima de operación y almacenaje, es prioritario realizar las obras necesarias para el sostenimiento de su competitividad a nivel regional y mundial. Por la falta de dragado de los canales y las obras de infraestructura necesarias para mejorar la capacidad de maniobra de los buques, la administración está dejando de facturar unos 1.500.000 de dólares por año.
-De las 500 hectáreas históricas originales, el Puerto conserva hoy sólo 90 hectáreas con potencialidad operativa. El conflicto Ciudad Puerto se agudiza, tanto por la falta de accesos viales adecuados, como por la cesión de área (que debían reservarse a la actividad logística), a emprendimientos tan cuestionados como extensos, como por ejemplo la playa de estacionamiento del Casino Flotante o emprendimientos comerciales y gastronómicos varios.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Constitución local, es la única que puede decidir, en la Legislatura local y con doble lectura, sobre la rezonificación de los terrenos en cuestión.
-Reforzando esta idea, recordemos que sobre los terrenos y acciones de Puerto Nuevo, el canciller Rafael Bielsa, en su función de síndico de la Nación, señalaba en un dictamen del año 2001, que para cualquier transferencia o cesión en el ámbito portuario debería mediar una Ley del Congreso Nacional, si este argumento era suficiente para no ceder el puerto a la Ciudad, debería serlo mucho más para el traspaso de las tierras a manos privadas.
Por lo tanto, el emprendimiento inmobiliario sobre Puerto Nuevo, por más que se presente como la continuación del boom inversor de Puerto Madero, no es más que una descarada intrusión de algunos grupos audaces sobre el recurso, no solo de los habitantes de la Ciudad Autónoma, sino de todo el país.
Fortalecer el nodo exportador del Puerto de Buenos Aires, abaratar los costos de los fletes para favorecer la diversificación de la exportación agrícola a través de la accesibilidad ferroviaria, significa pensar un futuro sustentable.
Si la iniciativa es privada, la decisión es siempre pública, esperemos esta vez, que también sea la correcta.
* Diputada nacional por la Ciudad (Iniciativa por Buenos Aires)