En educación sexual, una década que no es de 10

En educación sexual, una década que no es de 10


Este octubre la ley 2.110 cumplió 10 años desde su sanción. Se trata de la ley de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires.

La misma se aprobó en 2006 no sólo gracias a los consensos logrados, sino que principalmente gracias a identificar la necesidad de una legislación que definiera los caminos para la concientización y educación de todos los alumnos, a lo largo de las distintas etapas que atraviesan en su vida escolar.

Una deuda que hace una década se pensó saldaría el silencio que las aulas imponían a estos temas, y hoy solo existen planes que intentan sumar, hechos que restan, palabras que dividen y problemáticas que se multiplican. Pero sobre todo alumnos que no están abarcados en ninguna solución.

La ley es de vital importancia para asegurar su enseñanza en todos los niveles obligatorios educativos de la Ciudad; garantiza la transmisión de conocimientos acertados, puntuales, confiables y actuales sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual, promoviendo actitudes responsables ante la sexualidad, previniendo problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Sin embargo, dudamos de su efectiva aplicación. O más aún, creemos que no existe una política pública específica referida a la educación sexual.

En principio, la ley nunca fue reglamentada. Un paso ausente en el normal proceso de validación, aquel que establece las pautas prácticas para el efectivo cumplimiento de la misma.

A su vez, si bien pueden conocerse documentos y recursos, incluso lineamientos curriculares (generales), no queda en claro cuál es la política del Ministerio de Educación, su metodología y sus alcances. ¿Cuántos alumnos y de qué niveles reciben educación sexual? ¿Cuántos docentes reciben una capacitación permanente para poder abordar el tema en el aula? ¿Cuántos y bajo qué perspectiva se realizan los talleres para los padres contemplados en la ley?

Otra gran cuestión radica en que el problema no debería ser exclusivo del Ministerio de Educación: ¿qué mirada integral plantea el Estado de la Ciudad? ¿Qué intervención realizan otras estructuras gubernamentales, como el Ministerio de Salud? Hablamos de una interdisciplinariedad indispensable para poder pensar la temática desde una mirada más profunda, tal como lo define la misma ley: «La Educación Sexual Integral comprende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a la sexualidad, para promover el bienestar personal y social mediante la comunicación y el amor».

Si la ley se basa y exige los principios de respeto a la diversidad, la intimidad, la perspectiva de género, el rechazo a toda forma de abuso y violencia sexual, no hay dudas de que manuales genéricos y desactualizados son insuficientes para trabajar responsablemente la educación sexual.

Lo que no se analiza previamente, se improvisa a futuro. Y fallar en ese punto puede generar mayores rechazos que las mejores intenciones que se hayan ofrecido.

Y el ejemplo es claro. Es conocido por todos. Lo pide el punto 4 de los 5 puntos para comprometerse del #NiUnaMenos: «Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos». Porque, insistimos, no se trata exclusivamente de una ley para la enseñanza de los aspectos básicos de la reproducción, o del cuidado y el sexo seguro. Se trata de enseñar el respeto, a concientizar sobre la posibilidad de decir «no»; y que eso no desencadene actitudes violentas y peligrosas. Se trata de la educación para la toma de decisiones íntimas y personales.

¿De verdad podemos, frente a gritos masivos como el #NiUnaMenos, restarle importancia a la Educación Sexual Integral? No alcanza con videos de apoyos o fotos con carteles para acabar con los femicidios. El Estado es responsable de maximizar todas las políticas que generen cambios culturales positivos y necesarios. Por ello exigimos que el Gobierno de la Ciudad cumpla con sus obligaciones y elabore seriamente una política pública que dé respuesta a esta demanda.

Es imperioso abordar responsablemente el tema. No por el hecho (no menor) de que exista una ley. Sino porque esa ley nació frente a la necesidad de educarnos mejor, de conocer nuestros derechos, de cuidarnos en la salud y de informarnos para el ejercicio libre de la sexualidad.

No perdamos más tiempo.

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