Nadie discute hoy que el subterráneo es un transporte público estratégico, aún más en una ciudad con una red de tránsito de superficie funcionando al límite. De hecho, en cualquier política de mejoramiento y de reestructuración de la red de tránsito, el rol del subterráneo y la ampliación de sus líneas son medidas centrales, sostenidas hoy por todos los especialistas en la materia. Por otra parte, una de las pocas áreas en las que ha habido una continuidad de gestión a través de los distintos Gobiernos en esta Ciudad, ha sido ésta. Una prueba cabal es el proyecto y construcción de la nueva línea H , comenzada en el gobierno de Olivera y construida en los períodos de Aníbal Ibarra y finalizado el primer tramo (Once av. Caseros) en la gestión del actual jefe de Gobierno Jorge Telerman. El servicio fue concesionado por el Estado Nacional a la empresa Metrovías en el año 1993, quedó en manos del concedente el rol de autoridad de aplicación y también la instrumentación del órgano (CNRT) creado por decreto PEN 1.388/96 que debía controlar el correcto funcionamiento de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que devenían del contrato por parte del concesionario. Con posterioridad se promulgó el decreto PEN 393/99 que estableció modificaciones en el contrato de concesión y autorizó la transferencia del control y el carácter de autoridad de aplicación al Gobierno de la Ciudad, sin perjuicio de las funciones que le eran propias a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y que atañen al patrimonio, ampliación de la red, integración patrimonial del material rodante, etc. Esta norma fue ratificada por la Legislatura mediante la ley 373 de fecha 18/06/2006. Sin embargo, a pesar de estar aprobada la referida transferencia del servicio, en los hechos el Gobierno Nacional no ha operado el traspaso. En esta situación es que la Ciudad de Buenos Aires detenta hoy únicamente a través de la empresa Subterraneos de Buenos Aires el rol de propietaria de los bienes de la concesión.
Siendo este un transporte exclusivo de la Ciudad (ref: leyes 22.070 y 23.514) con usuarios que en su gran mayoría son vecinos de este distrito, los reclamos para que se le transfiera el control de la concesión han sido infructuosos hasta el momento. La Ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa Subterráneos, dependiente del Gobierno local, tiene la infraestructura, la logística y el personal para controlar y auditar frecuencias horarias, cantidad de servicios diarios, régimen de mantenimiento del material rodante, funcionamiento de instalaciones fijas (escaleras rodantes) mantenimiento de estaciones, protocolos de seguridad para siniestros, el correcto mantenimiento de los bienes de la concesión; en síntesis, las obligaciones e inversiones a cargo del concesionario que deviene de la letra del contrato.
La Secretaría de Transporte de la Nación así como la CNRT dan cuenta de un muy objetable procedimiento de supervisión y control del concesionario. En mi carácter de director de la empresa Subterráneos de Buenos Aires he cursado distintas notas a la CNRT y al concesionario solicitando alguna explicación sobre varios de los temas aquí expuestos y casi nunca tuve respuesta y las pocas veces que la tuve fue para informarme la toma de conocimiento. Es importante destacar que nada justifica el intemperante accionar de algunos delegados gremiales que parando los servicios agravan más aún la situación del "usuario rehén".
Es imperioso tomar algunas medidas que hacen a restablecer el correcto funcionamiento de este servicio:
1º – El Estado Nacional le debe transferir de inmediato el control del mismo a la Ciudad de Buenos Aires, la CNRT no está en condiciones de ser órgano de control de este transporte público.
2° – La empresa Metrovias debe cumplir los protocolos de mantenimiento del material rodante según lo establece el contrato de concesión, poner a disposición de Subterráneos de Buenos Aires, en su carácter de propietario de los bienes de la concesión, y del Ente de control de los servicios públicos, representante por mandato constitucional de los derechos de los usuarios de servicios públicos en la Ciudad, los programas de inversión por mantenimiento y obras, y los resúmenes técnicos correspondientes a cada coche-vagón afectado a la concesión.
3º – La resolución de estos puntos no depende de ningún acuerdo o negociación política. Es observar el cumplimiento de normas y actos administrativos que así lo determinan.