La primera experiencia de privatización del sistema de red de provisión de agua potable y cloacas, fue inmediatamente posterior a su aprobación parlamentaria. Una concesión con un plazo de 45 años que duró solamente tres.
La concesionaria fue la Baring Brothers y adujo como motivo de la rescisión del contrato, que estaba en quiebra y que el negocio les había resultado ruinoso. Naturalmente en el comienzo de la concesión, la Baring tomó empréstitos por un monto de 40 millones de pesos destinados a financiar las grandes obras de infraestructura que le imponía el contrato: el tendido de una cuarta cloaca máxima, un sifón debajo del Riachuelo y una planta de tratamientos de residuos cloacales.
La realidad observada a la luz de la propia historia, nos muestra que la empresa utilizó esos empréstitos para financiar la importación de los insumos necesarios para extender el servicio de agua potable domiciliario. No invirtió un solo centavo, no pagó los empréstitos tomados para las obras de gran infraestructura, incumplió el contrato y se declaró en quiebra.
Vaya como detalle que el contrato de concesión le imponía a la Baring como plazo para terminar con esas obras los primeros tres años de concesión y con exactitud matemática, cumplido ese plazo rescindió el contrato.
Quebrada la empresa, el Estado nacional se hizo cargo de la deuda de los 40 millones y se reestatizó el servicio con el nombre de Obras Sanitarias de la Nación.
Todo parecido con la realidad es tal como en realidad se ve.
El problema que padecimos a fines del siglo diecinueve lo volvemos a vivir en los albores del siglo veintiuno. Al día de hoy seguimos sin el tendido de la cloaca máxima, el sifón debajo del Riachuelo y la planta de tratamiento de residuos cloacales en Berazategui.
Obras de infraestructura que impuso el contrato de concesión a Aguas Argentinas SA y que con la retirada de la empresa Suez –accionista mayoritaria- y sus socios más importantes, seguirán pendientes de realización.
Un final previsible para la privatización emblemática del Gobierno de Carlos Menem. Una “concesión” vergonzosa y sospechada desde su génesis.
Desnaturalizada por los privilegios que le otorgó a la empresa, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Sustentable.
La ingeniera María Julia Alsogaray aceptó antes de que se cumpliera el primer año de la concesión un aumento de tarifas que rondaba el 13 por ciento en concepto de “adelanto de metas”. En 1997 consintió la dolarización de las tarifas, incorporó a las mismas los conceptos SUMA y CIS que se sumaron al aumento y que en teoría iban a financiar el cumplimiento del plan de expansión impuesto para el primer quinquenio del contrato.
En 1999 pactó con la empresa la posibilidad de ajustar las tarifas tomando como referencia el índice de inflación de EEUU. Todo esto en plena convertibilidad donde un peso representaba un dólar.
El Ente Regulador Tripartito (ETOSS) que debía controlar el contrato de Aguas Argentinas SA estuvo sometido a la arbitrariedad de la ingeniera Alzogaray. Su primer presidente fue el ingeniero Eduardo Cevallos, quien fuera el último interventor de Obras Sanitarias de la Nación, otro de los protagonistas en el proceso licitatorio.
La voracidad empresaria que ahora afirma que trabaja a pérdida, la impunidad en el manejo de los negocios públicos por parte de aquellos que como Carlos Menem y María Julia Alzogaray diseñaron e implementaron las privatizaciones de los 90’s son, en definitiva, las causas de una realidad que nos apremia y preocupa en la provisión de servicios públicos esenciales para la vida.
No hay diferencias entre la Baring Brothers y el Grupo Suez. La historia debería darle sentido a las decisiones políticas del presente.
Cada decisión plasmada en un acto de gobierno debe demostrar que nunca mas nos hipotecaran el futuro.
Que el pueblo argentino no se hará cargo de ninguna deuda ilegítima e inescrupulosa contraída por el grupo empresario.
La firmeza del Presidente Kirchner de no aceptar extorsiones es el primer paso.
Generar las condiciones necesarias para permitir un desarrollo estratégico en aquellos temas que por vitales no pueden ser postergados, sería insoslayable.
El servicio de agua potable y cloacas es además de esencial un problema que el Estado debe resolver desde una concepción sustentable.
Esta coyuntura es, tal vez, la oportunidad de instalar criterios innovadores en materia de servicios públicos donde la conformación de empresas de capitales mixtos, solo estatales o la aplicación de modelos exitosos pueden ser un rumbo tan deseable como posible.
En cualquiera de los casos el Estado debe tutelar el derecho de los débiles, de aquellos que no tienen poder, de los que no tienen voz o no son escuchados, debe ser el garante y promotor de la sociedad y del individuo, pero por sobre todas las cosas debe propender al bien común, como fin último del Estado de Derecho.
(*) Julio Balbi integra el directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad.