Los Yacimientos Petrolíferos vuelven a ser Fiscales

Los Yacimientos Petrolíferos vuelven a ser Fiscales

"El Estado argentino, en legítimo ejercicio de su soberanía, volvió a asumir la propiedad de la empresa de producción de hidrocarburos que había sido enajenada en 1998.
Hasta aquí, esta es solo una definición cercana al escaso filósofo Perogrullo, pero implica una historia que es necesario volver a poner en el foco".


El Estado argentino, en legítimo ejercicio de su soberanía, volvió a asumir la propiedad de la empresa de producción de hidrocarburos que había sido enajenada en 1998.
Hasta aquí, esta es solo una definición cercana al escaso filósofo Perogrullo, pero implica una historia que es necesario volver a poner en el foco.

Antes aun de que exista una empresa que produzca gas y petróleo, es necesario que el Estado se aboque a diseñar una política energética. Este elemento del rompecabezas ha estado ausente del tablero político y económico desde los tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz, que endeudó brutalmente a la empresa, siguiendo un modelo económico que continuó aplicándose en el país hasta 2001.
Lo mismo, en tiempos de todas las dictaduras. El gerenciamiento de la compañía más importante de nuestro país fue entregado a dirigentes de las empresas de la competencia –Esso y Shell–, que favorecían a estas, en detrimento de la petrolera estatal.

Desde la irrupción en la Argentina de los Acuerdos de Santa Fe, de los cuales fueron artífices Videla, Alfonsín, Menem y De la Rúa, cesaron las políticas de desarrollo estatal para dejar paso a las teorías monetaristas y de libre mercado que sumieron a nuestro país en una crisis terminal que comenzó a revertirse recién a partir de 2003.

Esto viene a cuento porque, más allá de quien posea el paquete accionario mayoritario de la empresa –a partir de ahora, el Estado nacional–, lo más importante es poner en sintonía la producción de hidrocarburos con un proyecto de desarrollo e inclusión económicos, que genere riqueza para todos los argentinos.

La medida que tomó la presidenta argentina es una de las más trascendentes de la historia política y económica de nuestro país, quizá solo comparable con la de la nacionalización de los ferrocarriles y con la de la creación de la Marina Mercante de bandera nacional.

La nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales pone en blanco sobre negro la política. Porque esta es apenas una medida administrativa y legal, que deberá pasar por el Congreso para entrar en vigor, pero al día siguiente la situación seguirá siendo la misma que cuando el presidente de la empresa era el español Antonio Brufau.

Por eso, lo que ocurra de aquí en más guarda mayor importancia que el hecho mismo de la nacionalización de la propiedad de YPF. El primer paso imprescindible es volver a desarrollar actividades de cateo y de búsqueda de las reservas que aún queden por descubrir, algo que la empresa española descuidó gravemente.

De todos modos, nada será gratis de aquí en más. El contraataque que anuncian los españoles será duro, tanto que, para empezar, ya anunciaron que acudirán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial que arbitra sobre las diferencias y que en el pasado no se mostró favorable con la Argentina.

En los 76 años en los que perteneció al Estado argentino, YPF invirtió fuertemente en el desarrollo de las regiones en las que estaba asentada. Por eso, cuando los concesionarios privados se concentraron solo en la persecución del beneficio económico, abandonando otras funciones sociales que YPF siempre había desarrollado, se notó fuertemente su ausencia.
Quedan para el final algunas digresiones. En lo que va de ayer a hoy, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ahora adquiere la mayoría –pero no la totalidad– del paquete accionario, en 1998 apoyó, junto a su marido, el expresidente Néstor Kirchner, la privatización de la misma empresa, que entonces quedó en manos de Repsol.

Finalmente, entre 2001 y 2010, la empresa giró al exterior más de 40 mil millones de dólares sin un adecuado control por parte del Estado argentino, que se mostró excesivamente permisivo en este aspecto, autorizando incluso a Repsol a enviar al exterior casi la totalidad de sus beneficios, obviando la necesaria contrapartida con el país en el que lograba sus ganancias.

De todos modos, más allá de las historias, a partir de este histórico 16 de abril, los yacimientos petrolíferos argentinos volvieron a ser de los argentinos. Y este hecho memorable ha generado no solo un poco más de optimismo para el futuro, sino que se sitúa en una senda histórica que nuestro país nunca debió haber abandonado y, si lo hizo, fue por el accionar de feroces dictaduras, que impusieron la economía liberal de mercado a sangre y fuego, como termina de confesar Jorge Rafael Videla.

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