Lejos de disiparse, y quedar como un mero tema de campaña como se vaticinaba por 2015, la corrupción sigue ocupando los principales lugares de la agenda pública. A nivel internacional, los PanamaPapers. En nuestro país, los hechos del último gobierno peronista. Tras lo sucedido con José Lopez, los mismos jueces que dilataron e hicieron todo lo posible por no investigar las denuncias de corrupción hacia el último gobierno, han activado las causas con rimbombantes anuncios. A las claras, estos hechos son lo suficientemente contundentes para demostrar que el control sobre los jueces falla en nuestro país.
Podríamos entonces fácilmente dejarnos llevar por los dichos de Cristina Fernández de Kirchner, quien denunciaba la imposibilidad de control sobre el Poder Judicial.Bajo ese supuesto impulsó la “democratización” de la justicia con diversos proyectos, que terminaron desperdiciando la oportunidad de mejorar un Poder Judicial que necesita de reformas para mejorar el servicio de justicia en nuestro país.
Ignoraba en sus palabras la ex presidenta, que nuestra Constitución prevé al Consejo de la Magistratura como órgano encargado de controlar a los jueces en su desempeño. Ignoraba a propósito, pues el kirchnerismo se dedicó sistemáticamente a obstaculizar el debido funcionamiento del Consejo con la complicidad de los jueces que se prestaron.
Para que se sepa lo que ocurrió en las causas de corrupción y quiénes participaron; pero sobre todas las cosas, para que esto no vuelva a ocurrir; es necesario que el Consejo de la Magistratura se active e inicie los correspondientes juicios políticos a los jueces que incumplieron sus deberes.
Esperamos que el Gobierno Nacionalexija, a través de sus representantes, el correspondiente pedido de juicio político a los jueces. Igual carga les cabe al resto de las fuerzas políticas que lo componen, como así también a los representantes de los abogados y jueces. Tienen la responsabilidad de cumplir la letra de la Constitución Nacional y dar un paso necesario para restaurar la confianza y el funcionamiento en la justicia de nuestro país.