En la historia de los servicios de agua y saneamiento de la Ciudad de Buenos Aires predominó la intervención estatal en la prestación del servicio y desde fines del siglo XIX se encuadra en el pensamiento higienista que marcó el carácter de la regulación de las cuestiones urbanísticas. Siempre se justificó que el acceso a las redes no estuviera determinado por la estratificación de ingresos. En consecuencia, el servicio sanitario surgió como una política social en la gestión municipal de la ciudad de Buenos Aires y que a posteriori se transformó en una empresa nacional estatal como lo fue Obras Sanitarias de la Nación.
En este contexto, hizo explosión el desarrollo industrial del área metropolitana, constituída por la Ciudad de Buenos Aires y su interland (grupo de partidos del conurbano bonaerense) y como consecuencia, generó un sistema de cobertura de agua y cloacas con un diseño unitario -como no podía ser de otra manera- y con un acceso universal al servicio.
Así nació, creció, se desarrolló y se expandió uno de los sistemas sanitarios más importantes y eficientes del mundo, cuyas distintas fases operatorias fueron pensadas y planificadas como un todo desde la captación y potabilización de agua cruda, el transporte, distribución de agua potable, la colección, transporte, tratamiento, disposición y eventual reutilización de desagües cloacales que incluían también la aceptación de ciertos efluentes industriales.
Con la decisión de la privatización de los servicios se modificaron brutalmente las prácticas políticas, económicas y culturales alrededor de los derechos de los servicios urbanos esenciales.
Transcurridos 13 años desde la concesión del servicio de agua y saneamiento a la francesa Suez puede concluirse que el contrato caducó de hecho por el fracaso de sus resultados.
Desde la aprobación de la adjudicación de la concesión a la multinacional más importante en el manejo de ese recurso estratégico, casi de inmediato a su formalización, existió una constante de incumplimiento en relación a los compromisos de construcción de infraestructura vital e imprescindible, produciendo, con una política “rentística” y cortoplacista, el daño más perdurable y profundo a la prestación de este servicio.
Esta avidez empresarial que corre detrás de la demanda, descansando en la movilidad de las tarifas, debe ser reemplazada por una política de oferta que retome el valor estratégico del servicio.
En relación a este concepto, el Estado hoy tiene muy claro lo que está haciendo. Está retomando el rol que de algún modo nunca debió abandonar: prestar y controlar servicios públicos fundamentales, a sabiendas de que éstos son estructuradores del territorio.
El sistema de agua y saneamiento para toda el área que comprende a la nueva empresa AySA es un capital social colectivo acumulado por sucesivas generaciones de argentinos que debe ser preservado y acrecentado. Es un hecho de fácil comprobación que la transferencia de Obras Sanitarias a Aguas Argentinas incluyó un cuerpo profesional y técnico de reconocido nivel. Desconocer estas capacidades en esta nueva instancia sería una imprudencia y un error político. Con un definido liderazgo institucional sostenido en la defensa de los intereses nacionales, coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Los decretos de creación de AySA y la ley correspondiente apuntan a encauzar una etapa de medidas trascendentes y de largo plazo que detengan el proceso de contaminación y deterioro de la provisión y saneamiento de un conglomerado de más de 12 millones de personas. Estamos en tiempo de descuento y hay mucho que ejecutar para frenar el colapso.
Como parte integrante de este sistema -que por definición es único e indivisible- considero de extrema importancia el involucramiento del Estado porteño tanto en las decisiones de estrategia sanitaria cuanto en el aporte de inversiones ineludibles.
* Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Frente para la Victoria