El ABC de una Política Pública radica en la obtención del consenso social. Lo público va más allá de lo estatal. La política estatal de seguridad para devenir en política pública debería debatirse en mesas de diálogo (institucionales), consultas y consensos de expertos, intercambio de opiniones con representantes legítimos de la sociedad.
Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad ha elegido hacer su propuesta por los medios, y obligan a debatirlo en escenarios no reflexivos: bajo luces hambrientas de rating o con víctimas hartas de impunidades. Desde ya que esta Defensoría está abierta al debate, pero no al show. No es lo mismo una política pública, que una política estatal publicada.
Apuntemos algunas inquietudes: ¿qué es lo que queremos asegurar? Normalmente se asegura aquello que consideramos valioso y que pudiera estar en riesgo. Entonces hablemos de valores para que la política de seguridad tenga un piso axiológico indubitable.
Hablemos de los valores y sus riesgos: la vida, la dignidad, los bienes –en ese orden sustantivo- y la verdad, la justicia, la convivencia, interrelacionado todo íntimamente.
Y evaluemos el riesgo de que se priorice la “seguridad urbana” (parienta doméstica de la “seguridad nacional”) como valor supremo, al que los demás deben subordinarse.
Esa concepción de “seguridad” es la que ha dado origen a las desviaciones conceptuales del tipo de “actitud sospechosa”, “olfato policial” o “conducta predelictual”, para mencionar algunas de las figuras inventadas, años ha, en pos de la “seguridad urbana” (y aún no erradicadas).
Esa concepción, ha prendido en el seno de nuestra sociedad, y ha provocado una fusión de la idea de seguridad urbana con la de seguridad patrimonial. Y en algún funcionario apareció fusionada la idea de seguridad con la de ordenamiento del espacio público. Sin embargo, si explicitáramos estas confusiones públicamente quedaría en evidencia su incoherencia con el máximo consenso social de hoy que radica en la defensa de la democracia y su correlato necesario: los derechos humanos. La seguridad del espacio público o de los bienes privados o públicos está subordinada a la axiología constitucional.
Siguiendo este razonamiento resulta ser la seguridad de los derechos, lo socialmente más valioso a asegurar. Derecho a la vida, su integridad y dignidad, y derecho a gozar del patrimonio bien habido. Derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, cuando son afectados los primeros.
Si somos coherentes, no deberíamos exigirle a ninguna “fuerza de seguridad” que arriesgue SU VIDA ( ni la vida de los delincuentes o transeúntes) para defender NUESTROS BIENES, porque no son valores equivalentes. Si somos coherentes habrá que formar a la nueva policía para que obedezca más a la Constitución que a su pituitaria.
También es bueno recordar que en una economía de mercado –como la nuestra, aunque esté parcialmente regulado- la seguridad es también una mercancía (alarmas, cámaras, blindajes, seguros) o un servicio que cotiza (vigilancia privada, custodias). Ese mercado que mueve millones, necesita de la inseguridad para prosperar, y vaya si ha prosperado en la última década.
Por eso es importante debatir reflexiva e institucionalmente qué seguridad queremos los porteños, ahora que tenemos la oportunidad, no vaya a ser que los intereseses del mercado o la inercia de las incoherencias le ganen la partida a los valores de la democracia y los derechos humanos. No vaya a ser que otra vez unos pocos decidan nuestro futuro.