La usurpación y saqueo en la que participaron grupos armados del complejo habitacional del Bajo Flores, la ocupación de tierras en la villa 31 bis en
Retiro, y antes en la Villa Los Piletones, que no pueden ser considerados hechos aislados, tiene aspectos preocupantes para la vida social e institucional.
La falta de una política de Estado totalizadora y clara (la Legislatura sancionó en 2004 una Ley de Emergencia Habitacional, aún no reglamentada) con respecto al problema de la vivienda y la radicación y urbanización de las villas de emergencia y asentamientos, se agravó especialmente con la crisis del 2001.
Los primeros asentamientos surgieron espontáneamente en la década del ’30, de resultas de la grave situación económica y se fueron consolidando con las continuas corrientes migratorias internas rurales primero y la de los países vecinos mas tarde, que fueron ocupando tierras de escaso valor comercial.
Durante las décadas de los ’70 y ’80 se llevan a cabo radicaciones definitivas al amparo de algunos procesos de expropiación, suspensión de desalojos y principios de urbanización e integración urbana.
Un censo del año 2001 fijaba su población en 110.000 personas, cifra que alcanza actualmente las 150.000 y en crecimiento. Solo este año se incorporaron a la Villa 21, 4000 ocupantes y el número de asentamientos reconocidos oficialmente alcanza a 21. La villa 1-11-14 es la de mayor población.
Los asentamientos urbanos se multiplicaron, uno de los más importantes por su envergadura es el Rodrigo Bueno, instalado en la Costanera en los bordes de la Reserva Ecológica, otros simplemente invaden plazas, baldíos, se emplazan bajo autopistas, terraplenes ferroviarios, zonas anegables, todas con construcciones muy precarias, careciendo de los mas elementales servicios esenciales (agua potable, electricidad, o cloacas) constituyéndose en una amenaza para su propia salud e integridad.
Este problema, se acentúa en su gravedad si agregamos a los sectores en situación de precariedad habitacional con lo que estamos rondando el 20% de la población total de Buenos Aires.
Frente a tamaño cuadro de situación la respuesta del Estado es insignificante, pues se suelen buscar paliativos cortoplacistas que en definitiva nada resuelven.
Resulta evidente que en los acontecimientos acaecidos hay intereses y referentes políticos, que actuaron con total impunidad, amparados en las necesidades sociales de los más carenciados y que presionan para mantener su cuota de poder, aún cuando sea lindante con lo delictivo.
Ante estos hechos el Estado, ni el nacional ni el de la ciudad, cumplió con su función preventiva, pues permitió todo tipo de desmanes de grupos perfectamente organizados.
Es evidente que no sólo falló la tarea de inteligencia, sino y ya una vez desatado el conflicto el de la intervención directa, lo que muestra un total abandono a la seguridad pública. A tal límite llegó la impunidad que la justicia ordenó no intervenir e hizo retirar a la custodia del lugar.
La corrupción, la discrecionalidad, nos muestran la cara del clientelismo político que juega con las ilusiones de los grupos mas excluidos de la sociedad, utilizándolos como si fueran monedas de cambio, al impulsarlos a realizar ocupaciones con el fin de ejercer presión para obtener subsidios, créditos, o enseres (chapas, ladrillos).
El Estado debe impulsar, por medio de la justicia que se realice la más profunda investigación, que lleve a la luz a los personeros de esta forma de manipulación política pues si la impunidad queda cobijada, seguramente nuevos y más graves hechos se irán repitiendo. Así lo han manifestado los mismos personeros de los desmanes, hoy inmersos en la lucha de intereses políticos y en las expectativas de consolidarlos en la estructura urbana o en su expropiación por medio de importantes indemnizaciones.
Pero fundamentalmente debe producir hechos en materia de soluciones habitacionales para eliminar definitivamente este flagelo de nuestra sociedad.
* Arquitecto