El Gobierno no cumple con la ley de medios

El Gobierno no cumple con la ley de medios


No hay garantías de que la adecuación que quiere imponer el Gobierno a partir del 7D no será una caza de brujas para terminar con los pocos medios independientes que aún subsisten en Argentina.

Martín Sabbatella acaba de asumir como presidente de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales sin siquiera renunciar a su banca de diputado nacional: ¿será que teme no permanecer mucho tiempo en el cargo? Es que sabe que será el tercer funcionario en presidir la AFSCA en tres años, algo poco alentador para un “organismo descentralizado y autárquico” (artículo 10 de la Ley de Medios), que debía tener una altísima calidad ética y técnica, y una bajísima discrecionalidad política.

Lamentablemente, al igual que ocurría con el desprestigiado COMFER, la inestabilidad y arbitrariedad política y la falta de transparencia en la toma de decisiones ha sido una constante del nuevo organismo hasta ahora. ¿Sabbatella estará decidido a revertir esta situación?

¿Cuándo dice que viene a “hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegios”, es consciente que quien ha violado sistemáticamente y se resiste a cumplir y hacer cumplir la Ley 26.522 es el propio gobierno ?

Veamos qué ha ocurrido efectivamente desde la sanción de esta ley en octubre de 2009.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual debía estar conformada por directores del oficialismo y la oposición. Sin embargo, el gobierno impidió que los representantes de la oposición integráramos tanto la AFSCA como el directorio de Radio y Televisión Argentina S.E ., violando los artículos 14 y 132.

El oficialismo se negó a hacer funcionar la Comisión Bicameral de Seguimiento del Congreso (art. 18), imprescindible para nombrar a los directores de la oposición en la AFSCA, Radio y RYTSE y para nombrar al Defensor del Público, garantes de la pluralidad y legalidad de los proceso. Hoy, diversos representantes de la CC, FAP, UCR y Peronismo Federal reiteramos nuestro pedido por escrito al Presidente del Senado Amado Boudou y le entregamos todos los antecedentes con los sucesivos incumplimientos.

Para “democratizar” el espacio radioeléctrico y asignar nuevas licencias de forma transparente, la AFSCA debía presentar un plan técnico (art. 32) y reservar un 33% al sector social sin fines de lucro (art. 89). Nunca lo hizo. En cambio, quiso licitar 220 licencias de TV abierta sin especificaciones técnicas, por lo que las convocatorias quedaron desiertas.

Lo que sí hizo, violando el artículo 32, fue asignar en forma directa, sin concurso, licencias de televisión digital a sus amigos (CN23 de Sergio Szpolski, C5N de Daniel Hadad).

Tampoco cumplió con los pasos previos indispensables para avanzar hacia la adecuación de todos los licenciatarios a la nueva reglamentación, según el artículo 161 de “desinversión”.

Por otra parte, la AFSCA debía realizar un censo de licenciatarios para conocer el estado de situación y crear un Registro Público de Licenciatarios y Autorizaciones (art. 57), con información de todas las empresas de medios, fechas de inicio y expiración de cada licencia, y nombre de cada accionista y su porcentaje de participación.

El censo se anunció, pero se desconocen sus resultados; el Registro Público nunca se creó.

De acuerdo a la información recogida en la Audiencia Pública que realizamos en el Senado, podemos afirmar que la mayoría de las principales empresas de medios audiovisuales deberán desprenderse de una parte o la totalidad de sus licencias.

Hay licenciatarios que tienen que vender todos sus medios por “incompatibilidades” establecidas en el artículo 25, que prohíbe expresamente que los accionistas mayoritarios sean extranjeros, operadores de “servicios, concesiones o permisos” públicos o funcionarios públicos. Por ejemplo: 1. Grupo Telefónica de España (Telefe y varios canales de aire), empresa extranjera accionista de Telefónica y Telecom de Argentina.

2. Remigio González González (Canal 9), accionista extranjero de una empresa registrada en Estados Unidos.

3. Grupo Uno (Vila-Manzano, dueños de América TV, América 24, Radio La Red y varios canales de televisión del interior), opera concesiones petroleras y una empresa de energía provincial. Recientemente adquirieron Radio Rivadavia sin autorización de la AFSCA, violando el art. 41.

4. Francisco de Narváez (accionista de América TV), diputado nacional.

5. Grupo Prisa (Radio Continental y otras emisoras), empresa española.

6. Cristóbal López (adquirió recientemente C5N y Radio 10 –aunque esta última está en una situación indefinida- sin autorización de la AFSCA violando los art. 41 y 25 inc. d), concesionario de obra pública y yacimientos petroleros.

7. Electroingeniería (Radio del Plata y Señal 360 TV), concesionaria de obra pública.

Las empresas que superan el límite de licencias permitido o que ofrecen simultáneamente TV por aire y cable, prohibido en el art. 45, deberán desprenderse de algunos de sus medios. Es el caso, entre otros, de los grupos Clarín (Canal Trece y Cablevisión), Moneta-Garfunkel (Rock & Pop, Metro y otras).

Sin una integración plural de la AFSCA que garantice la transparencia; sin la constitución de la Comisión Bicameral y la designación del Defensor del Público que permita auditar los procesos; sin una vocación clara -de parte de la AFSCA- de aplicar la Ley en forma integral y pareja para todos, ¿qué garantías tienen los licenciatarios de medios y los ciudadanos de que la adecuación que quiere imponer el Gobierno a partir del 7D no será una caza de brujas para terminar con el grupo Clarín y los pocos medios independientes que aún subsisten en Argentina?

Martín Sabbatella deberá aclarar estas cuestiones en poco tiempo, de lo contrario quedará claro que el mandato recibido de la Presidenta nada tuvo que ver con la democratización ni de la palabra ni de la información.

Más columnas de opinión

Qué se dice del tema...