Una nueva elección se aproxima, y volveremos a ver a muchos de nuestros compañeros desaparecidos en los padrones con su domicilio –como si nada hubiera ocurrido- porque el Estado aún no ha cambiado ese registro de vivienda (del que muchos fueron arrancados violentamente) ni aplica en toda su extensión la ley 24.321 que creó la figura del ausente por desaparición forzada.
En mazo del 2003 patrociné a dos hijas que solicitaron a la jueza María Servini de Cubría se rectificara en el padrón electoral el domicilio de sus padres y se lo sustituyera por la palabra “desaparecido ley 24.321”. La Jueza respaldó la petición, pero en tanto implementarla significaba modificar dos artículos del Código Electoral, no pudo ordenarlo y remitió la petición al Congreso de la Nación a tal efecto (oficio 823 del 7/3/03).
El Parlamento Nacional no hizo nada al respecto, al menos que sea evidente, puesto que en la última elección en nuestra Ciudad, la de agosto de este año, hemos vuelto a ver en los padrones -igual que siempre- a varios desaparecidos con sus domicilios de hace treinta años.
Que quede claro: no hay que eliminarlos del padrón, hay que escribir la verdad.