Los trágicos hechos que tuvieron lugar recientemente en la disco República Cromañón han suscitado una serie de encendidos debates, análisis y escrutinios y, tan importante como eso, ha implicado, un conjunto de toma de posiciones y no pocas disensiones sobre las responsabilidades en juego.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que presido, ha sido parte activa aportando evidencias a esos análisis y debates por medio de varios de nuestros informes finales, que señalan el absoluto desmanejo del área de habilitaciones y verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace años.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, con un informe específico sobre riesgos de incendio y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de varios pedidos de informes, también fueron mencionados como otras tantas voces que alertaron sobre aquello que podría ocurrir y que, desgraciadamente, hoy son hechos consumados, más que conjeturas o señales de alarma.
Sin caer en la variedad de interpretaciones maniqueas sobre la ausencia de respuesta a estas advertencias -algo que puede ser un ejercicio atractivo para algunos- debemos mejorar nuestra comprensión y nuestra capacidad de respuesta para que semejantes hechos no vuelvan a ocurrir.
Permítaseme sugerir tres ejes sobre los que creo que vale la pena reflexionar y, lo que es más importante, trabajar con premura para evitar, sino el dolor, al menos la gratuidad de tantas muertes jóvenes.
Primero, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado y las instituciones ¿cómo es posible que las autoridades no hayan actuado luego de la sucesión de señales de alarma que había encendido el propio sistema de control público de la ciudad, en este tema y en otros semejantes? Evidentemente, la pobre cultura democrática y la percepción errónea de las implicancias del mecanismo de rendición de cuentas entre los propios organismos del Estado, hacen que aquellas observaciones -una herramienta apta para perfeccionar la gestión-sean percibidas como un mero llamado de atención o, peor aún, como un ataque a los funcionarios involucrados.
Segundo, esta falta de reacción del "nervio democrático" nos recuerda una vez más, el equívoco enorme que yace detrás de la asimilación entre menos Estado y más libertades. Ahora tenemos pruebas adicionales de que el saqueo y destrucción del Estado y de sus capacidades, no nos han conducido al reino de la libertad como proponían algunos hasta hace poco, sino por el contrario, a un estado de indefensión y desprotección generalizada. Hoy, los más débiles -jóvenes, ancianos, pobres- ven devaluada la eficacia del proceso político para corregir las asimetrías del poder en nuestra sociedad.
Por último, ambos factores mencionados se han visto potenciados en sus efectos por ese relajamiento generalizado de las obligaciones y los mandatos que trae aparejada la corrupción.
Estas tres evidencias nos indican el camino que debemos recorrer en el futuro para remontar la pendiente de la decadencia cívica que asoma detrás de la tragedia, más allá de la asignación de las responsabilidades que, por cierto, correspondan en cada caso.
Es preciso reestructurar la cultura política que anima el funcionamiento del Estado, evitando que el control de los funcionarios-un derecho de los ciudadanos- pueda pasar por un entredicho o un "recuento de costillas" entre funcionarios. Sólo una ciudadanía bien informada, conciente de sus derechos y al corriente de los principales asuntos, nos otorgará, como organismo de control, un potencial correctivo sobre la conducta del gobierno del que hasta hoy se ha carecido.
Al mismo tiempo, es necesario que esa nueva conciencia pueda cristalizar en un conjunto de instituciones y rutinas, capaces de superar en el tiempo a quienes circunstancialmente ocupamos posiciones de responsabilidad. El destino de los asuntos públicos de la ciudad y la vida de los vecinos deben ser, definitivamente, más importantes que el destino o la suerte política de los funcionarios.
Solamente la autoridad que otorga el compromiso obtenido en la lucha contra la corrupción -pequeña o grande, lo mismo da- hace posible la toma de partido a favor de aquellos que desean volver a creer en la eficacia política de una herramienta poderosa: el voto y la participación.
Tanto los funcionarios como los medios de comunicación debemos poner a disposición de la ciudadanía, una mayor transparencia en la información, más allá de las "redes de seguridad" que cada funcionario construya o se proponga construir.
(*) Presidente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires