El legislador porteño Yamil Santoro presentó dos proyectos de ley en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para combatir el problema de las viviendas usurpadas. Las iniciativas apuntan a fortalecer los mecanismos legales para la restitución inmediata de inmuebles tomados ilegalmente y crear un registro de bienes ocupados en forma irregular.
«En la Ciudad de Buenos Aires las propiedades privadas deben ser protegidas. La usurpación trae consigo muchos problemas para los propietarios y los vecinos, y nuestro objetivo es que la restitución de la propiedad sea rápida y efectiva», expresó el diputado, que busca renovar su banca desde el espacio Unión Porteña Libertaria.
Según estimaciones oficiales, aproximadamente 200 mil personas están usurpando inmuebles en la Ciudad. Esto genera inseguridad, falta de inversión, acumulación de residuos y otros problemas graves para los vecinos que habitan una casa de forma legal. La ocupación ilegal afecta no solo a los propietarios, sino también a la calidad de vida de quienes cumplen con las normas. Actualmente, se estima que hay al menos 3.000 viviendas privadas usurpadas y unas 150 propiedades públicas ocupadas de forma ilegal.
El primer proyecto propone crear un procedimiento sumarísimo para que los propietarios de viviendas usurpadas puedan solicitar la restitución inmediata del inmueble ante la Justicia. El trámite judicial se impulsaría con una presentación simple, sin necesidad de abogado, y bastará con demostrar la posesión legítima. El juez podrá ordenar el desalojo en un plazo de cinco días, con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.
La segunda iniciativa contempla la creación de un registro de contratos de locación con cláusula de adhesión al proceso ejecutivo de desalojo por falta de pago. Esto no implica registrar inmuebles usurpados, sino facilitar un mecanismo ágil para los casos en los que haya incumplimiento de pago por dos meses consecutivos. Si el inquilino paga en tiempo y forma, el contrato sigue vigente sin consecuencias, pero si no lo hace, el propietario puede iniciar un proceso rápido de desalojo. La propuesta busca brindar seguridad jurídica sin afectar a quienes cumplen con sus obligaciones contractuales.
«Estas herramientas permiten agilizar la intervención del Estado y devolverle tranquilidad a quienes hoy viven en la incertidumbre. Hay miles de personas que no pueden recuperar sus propiedades y sienten que nadie los defiende», agregó el legislador liberal.
La iniciativa busca abrir el debate sobre una problemática que afecta tanto a propietarios individuales como al Estado en su rol de garante de la legalidad.
