La decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de sacarles la asistencia social a las familias cuyos hijos no cumplan con los nuevos requisitos de regularidad escolar generó una discusión interna en Juntos por el Cambio.
Desde el sector de la UCR que conduce Martín Losuteau hicieron observaciones y deslizaron cuestionamientos sobre la disposición que puso en marcha la administración de la Ciudad con el objetivo de reducir el “presentismo intermitente” en las escuelas de chicos cuyas familias sean beneficiarias del programa social “Ciudadanía Porteña”.
En ese contexto el encargado de transmitir la postura de Evolución Radical fue Emiliano Yacobitti: “A favor de monitorear las inasistencias e implementar políticas para que los chicos no pierdan días de clase ni abandonen la escuela. Quitar planes sociales no contribuye a solucionar el problema, sino que lo agrava”, aseguró el diputado nacional.
El armador de Lousteau, aliado de Larreta en la Ciudad, citó un estudio realizado, en 2017, por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para argumentar su posición.
Según Yacobitti, ese informe indica que “desde una perspectiva de derechos, la suspensión del programa no debería usarse como penalidad ante una señal que, ante todo, informa al Estado de una situación de profunda vulnerabilidad”.
A favor de monitorear las inasistencias e implementar políticas para que los chicos no pierdan días de clase ni abandonen la escuela. Quitar planes sociales no contribuye a solucionar el problema, sino que lo agrava.
— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) August 9, 2022
En las filas de la UCR se escucharon más críticas al anuncio de Larreta. En de las ramas internas del radicalismo interpretaron la medida como una jugada “100% política”.
“Estaba en la ley y es obligatorio garantizar la presencia de los chicos en el colegio sean beneficiarios o no del programa social”, apuntó el diputado Fabio Quetglas, uno de los especialistas de la Fundación Alem (UCR) en política social.
Quetglas subraya que “las condicionalidades de la política de transferencia de ingresos están para que se cumplan”. Y remarcó que no puede haber una actitud laxa del Estado en los controles. “No son un estorbo, sino que tienen una lógica”, opinó.