La vicepresidenta Victoria Villarruel ha firmado un decreto que permite a los senadores que así lo deseen, manifestarlo por escrito, para rechazar los aumentos salariales que reciben los miembros de la Cámara alta cuando los empleados legislativos logran acuerdos paritarios que resultan en incrementos de sus sueldos. A raíz de esta negociación llevada a cabo por la Asociación del Personal Legislativo (APL), los senadores aumentaron la semana pasada su salario a $9.500.000.
La disposición está contemplada en el decreto presidencial 344/25, en el cual Villarruel concede, en cumplimiento de lo acordado entre los presidentes de ambas cámaras y los sindicatos, un incremento del 1,3% en los salarios correspondientes a abril, además de un bono de $100.000 destinado a los trabajadores de la Cámara alta.
En su tercer artículo, la norma invita a los senadores a decidir si desean ajustar, total o parcialmente, sus dietas, comunicándolo mediante una nota a la Presidencia, en virtud de las facultades que les corresponden.
De este modo, la vicepresidenta intenta resolver la tensión que surge cada vez que los empleados legislativos reciben un aumento salarial, entre aquellos senadores que consideran razonable el incremento de sus dietas y quienes, para evitar críticas sociales y mediáticas, hacen públicas sus quejas sobre el aumento y amenazan con renunciar a la mejora, algo que hasta el momento no podían hacer.
El conflicto se originó en abril del año pasado, cuando un grupo de senadores promovió una reforma que vinculaba los ingresos de los legisladores a los de los empleados del Congreso, al establecer un sistema de módulos en lugar de una cifra fija en pesos para determinar el monto que reciben en concepto de dieta, gastos de representación y desarraigo.
En ese momento, establecieron sus ingresos en 4000 módulos, cifra que, tras la última negociación salarial del Poder Legislativo, elevó a 9,5 millones de pesos el monto bruto que reciben los legisladores, lo que representa un aumento de $ 300.000 en comparación con lo que habían estado percibiendo hasta el mes anterior.
De la misma manera, Villarruel no tiene la facultad de suspender los aumentos, dado que la reforma fue aprobada en el recinto por los senadores; además, debido al vínculo con los salarios legislativos, la vicepresidenta tampoco podía aceptar las solicitudes de aquellos legisladores que quisieran renunciar a esos incrementos.
Con esta disposición, los senadores quedan a su criterio para decidir si aceptan el aumento de sus ingresos cada vez que las autoridades de ambas cámaras legislativas concluyan una negociación con los tres sindicatos (APL, UPCN y ATE) que tienen representación en el Congreso.
Al menos tres senadores ya habrían aceptado la propuesta del presidente del Senado. Estos serían Luis Juez (Pro-Córdoba) y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. El aumento aprobado en abril pasado les valió a los senadores una severa reprimenda del presidente Javier Milei, quien los acusó de formar parte de “la casta” y los criticó por elevar sus ingresos en medio del ajuste fiscal promovido por el Poder Ejecutivo. Eran los días en que se oía el “no hay plata”.
En la siguiente paritaria, apenas un mes después, y al volver a estar en el centro de la polémica por recibir un nuevo aumento, los senadores decidieron congelar sus dietas hasta diciembre. Esta medida fue prorrogada en diciembre hasta marzo de este año, aunque no por los legisladores, sino por Villarruel, debido al cierre del período de sesiones ordinarias que impidió que la medida fuese aprobada en el recinto. En marzo, con el congelamiento ya expirado y antes de procesar las dietas de ese mes, la vicepresidenta propuso mantener las dietas congeladas, pero su sugerencia fue rechazada en una reunión de jefes de bloques. Por esta razón, desde abril, sus dietas se incrementaron de 7 a 9 millones de pesos brutos.
Dos meses después, tras una nueva paritaria salarial para los legislativos, que otorgó un aumento acumulado del 3,9% para los meses de marzo, abril y mayo, las dietas mejoraron nuevamente, alcanzando los 9,5 millones de pesos brutos.