La vicepresidenta Victoria Villarruel designó en el Senado a Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión. Gestoso Presas es un militar retirado del área de inteligencia que ha enfrentado acusaciones y fue procesado por haber ordenado la destrucción de pruebas con el fin de obstaculizar el acceso a documentos que podrían esclarecer delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Gestoso Presas fue señalado por haber dado la orden de quemar dos libros de guardia encontrados en el Hospital Militar de Salta. Uno de estos libros contenía los registros de la maternidad del hospital desde principios de la década de 1970 hasta 1997. Según los fiscales que llevaron la acusación en 2008, esta acción constituía un delito relacionado con crímenes de lesa humanidad, como la apropiación de menores nacidos en cautiverio entre 1976 y 1983.
El asunto fue llevado ante la Justicia porque la eliminación de los libros no se llevó a cabo, dado que el capitán Silvio Mannino Leal, el oficial que recibió la orden de Gestoso Presas, simuló cumplirla y mantuvo los documentos en su hogar hasta que pudo entregarlos al Ministerio de Defensa.
El militar que Villarruel designó en el Senado, quien en ese momento era el jefe de la Compañía de Inteligencia 5, fue sobreseído en 2014, ya que el tribunal oral que llevó a cabo el juicio concluyó que la sustracción de los libros y su intento de destrucción no constituían un delito de lesa humanidad, y por ende, la acción ya había prescrito.
La llegada de Gestoso Presas al Senado está estrechamente relacionada con Claudio Gallardo, actual director general de Seguridad del Senado, quien ha cobrado relevancia en el círculo cercano de colaboradores de Villarruel desde el segundo semestre del año pasado.
Gallardo, quien fue compañero de batalla del padre de la vicepresidenta, también formó parte del área de inteligencia del Ejército, donde estableció una relación con César Milani, excomandante del Ejército durante el mandato de Cristina Kirchner. La nombramiento de Gestoso Presas como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión se encuentra en el artículo 6 del decreto presidencial 306/25, que fue protocolizado ayer y también incluye otras designaciones y cambios en el equipo de colaboradores de la vicepresidenta.
Desde hace al menos dos meses, Villarruel ha estado implementando cambios drásticos en el cuerpo de directores de la Cámara alta, colocando en posiciones estratégicas a personas que conoce desde hace mucho tiempo, en muchos casos desde la infancia, y de la “familia militar”, incluyendo viejos camaradas de su difunto padre, Eduardo Villarruel. La reestructuración que está llevando a cabo la vicepresidenta ha generado un cortocircuito con Emilio Viramonte Olmos, un empresario cordobés que se unió a su entorno como nuevo “asesor político” a finales del año pasado.
El ascenso de Viramonte Olmos quedó reflejado en su nombramiento como secretario Administrativo de la Cámara alta. Para lograr los votos en el recinto que le permitieran ocupar ese cargo, la vicepresidenta tuvo que negociar con el kirchnerismo la cesión de puestos en las comisiones de trabajo parlamentario.
No obstante, en un acontecimiento que voceros legislativos que están al tanto de la administración del Senado describieron como “un verdadero escándalo”, la relación con Viramonte Olmos se rompió la semana pasada, cuando Villarruel se negó a permitir que su secretario nombrara a dos colaboradores. Molesto, el cordobés habría decidido presentar su renuncia.
Este no es el primer episodio en el que un funcionario se aleja descontento con Villarruel y su círculo cercano. La anterior secretaria Administrativa, María Laura Izzo, también dejó su puesto en desacuerdo con la vicepresidenta. Se mantuvo en su cargo hasta principios de este año para no perder las formas y porque la presidenta del Senado no lograba conseguir los votos necesarios para designar a un reemplazo, lo cual finalmente ocurrió a principios de mayo en la sesión donde fue nombrado Viramonte Olmos.
En el marco de un proceso de reconfiguración política que nadie parece entender, Villarruel también se separó de Juan Martín Donato, quien lideraba la Oficina de Atención Ciudadana y era uno de los asesores más cercanos y defensores en redes sociales de la vicepresidenta. Su salida fue oficializada hace dos semanas, pero en realidad había estado en una posición comprometida durante meses, en medio de acusaciones de traición.
