El Ministerio de Justicia de la Nación optó por ceder un terreno de 5.000 metros cuadrados en la ex-ESMA, un lugar fundamental de memoria histórica, para establecer oficinas administrativas del Poder Judicial, lo que generó una fuerte polémica con organismos de Derechos Humanos.
La legisladora del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, censuró severamente la medida y argumentó que atenta contra el valor histórico y cultural del sitio. La ex-ESMA, un antiguo centro clandestino de detención durante la dictadura, es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Montenegro describió la iniciativa como una “provocación” y un asalto a las políticas de memoria, verdad y justicia.
La referente de derechos humanos no vaciló en calificar la decisión como un intento de distorsionar el significado del sitio de memoria: “El comunicado del ministro intenta realizar una nueva provocación a la política de memoria, verdad y justicia”.
Para la legisladora, la gravedad radica en la responsabilidad institucional del ministro de Justicia: “Es preocupante que es el ministro de Justicia de la Nación y que tiene una responsabilidad institucional sobre un sitio que además es patrimonio de la humanidad”.
La ex-ESMA, un lugar donde pasaron cerca de “cinco mil personas” y “la inmensa mayoría continúa desaparecida”, según Montenegro, no puede ser utilizado para funciones administrativas que desnaturalizan su carácter. “Pensar que dentro del predio podría funcionar el ministerio o que los fiscales, porque es su trabajo, convoquen a personas privadas de su libertad en términos gráficos, es imposible”, afirmó.
Y comparó: “¿Te imaginás que en un sitio de memoria del Holocausto a alguien se le ocurriera poner una oficina donde pudieran ingresar personas encadenadas? Es imposible”.
La legisladora fue categórica al rechazar la posibilidad de que patrullas ingresen al recinto con individuos detenidos: “¿Te imaginas la entrada a la ESMA de patrullas con personas privadas de su libertad para llevar a cabo un trámite administrativo de justicia? Por supuesto que no”.
Para Montenegro, esta medida no solo es inviable, sino que forma parte de una estrategia intencionada: “Por eso afirmo que es una nueva provocación, porque el lugar tiene una función y él (Mariano Cúneo Libarona), como funcionario, debe respetar esa función”.
Montenegro impugnó la legitimidad de la decisión, y señaló que “el ministro no cuenta con argumentos” y que “no tiene la autoridad para trasladar al Ministerio Público Fiscal a la ESMA”. Además, resaltó un detalle práctico: “El edificio aún se encuentra en obras, ni siquiera tiene final de obra”.
Para la legisladora, esto evidencia que la medida busca “provocar y dar la batalla cultural respecto de todo lo relacionado al ‘Nunca Más’ y la decisión de este Gobierno de trivializar el mal”.
La legisladora vinculó esta acción con un ataque más amplio a los derechos humanos: “Se alinea con un ataque de este Gobierno, sistemático, a todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos en un sentido mucho más amplio”.
